Un nuevo correo enmarcado en el caso Caval fue dado a conocer durante la jornada, enviado por el querellante en el juicio laboral, Sergio Bustos al contacto en la empresa, Victorino Arrepol, con quien formó parte en un equipo de gestión.
Si bien no aporta muchas novedades, confirma las sospechas de que Caval S.A. pasó por un periodo no sustentable tras acceder al millonario préstamo por $6500 millones del Banco de Chile, el cual fue otorgado el 14 de diciembre de 2013.
El email, enviado el 30 de diciembre del mismo año, se refiere a los problemas por los que pasó la sociedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, quien durante esta jornada declaró ante fiscalía por la arista penal del caso.
Además, hace una crítica a la pasiva participación de Caval, asegurando que gracias a la gestión de Bustos, Arrepol y su equipo, junto con el llamado de “La Madrina”, se logró la compra de los predios en Machalí, este último personaje hasta ahora desconocido y que está dentro de la investigación de Fiscalía, según señala El Líbero.
Así, esto se suma a los personajes “La Mami”, dado a conocer por el diputado José Manuel Edwards (RN), y “La Señora” como personajes que deben ser aclarados, aunque este último se referiría a Natalia Compagnon, según señaló uno de los abogados de Caval.
Violación de secreto y Negociación incompatible
La investigación está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, quien durante la semana ha estado interrogando a involucrados por la arista penal del caso Caval.
Recordemos que esta investigación se inició luego de que el Tribunal de Garantía de Rancagua acogiera a trámite una querella por violación de secreto y negociación incompatible interpuesta por los diputados de RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.
En esta acción legal se busca determinar eventuales ilícitos que podrían haber cometido el seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés, el ex director de la municipalidad de Machalí Jorge Silva, la arquitecta Cinthia Ross, además de Sebastián Dávalos, ex director Sociocultural de la Presidencia.
Según el texto legal, el objetivo es determinar si hubo tráfico de influencias o uso de información privilegiada en el millonario negocio de la empresa Caval por parte de los funcionarios públicos mencionados.
El Líbero
