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Caso Caval: Ward (UDI) pedirá a Codelco información de contratos con personas naturales o jurídicas

Diputado Felipe Ward | Agencia UNO
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Parlamentarios de la UDI solicitarán a Codelco información sobre los contratos que celebró con personas naturales y jurídicas, y antecedentes sobre la compra de terrenos en Machalí. Desde la Nueva Mayoría afirmaron estar disponibles para fiscalizar, pero no para acusar “sin fundamentos”.

Con la intención de confirmar o despejar dudas, el diputado de la UDI, Felipe Ward, enviará un oficio a Codelco, solicitando información sobre los contratos celebrados por la compañía estatal con personas naturales o jurídicas.

La presunción del parlamentario es que Codelco, mediante el pago de asesorías o estudios, financió campañas políticas de la Concertación, especialmente de la Democracia Cristiana.

“En la zona norte es un un secreto a voces, que Codelco ha sido un botín y una caja pagadora de favores políticos de la DC”, expresó el diputado Ward.

El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, ironizó con el requerimiento, afirmando que el legislador gremialista “está viendo mucha televisión, especialmente el escándalo Petrobras en Brasil”.

Silber expresó, más serio, que la DC está disponible para fiscalizar, pero no para acusar sin fundamentos y sobre la base de rumores.

Durante esta jornada, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, expondrá, ante la comisión de Minería de la Cámara, detalles sobre la compra de terrenos en la carretera Del Cobre, en Machalí.

La asistencia de Landerretche fue un acuerdo de la comisión, promovido por el diputado de la UDI, Issa Kort, quien adelantó las principales preguntas que formulará al presidente del directorio de Codelco.

La intención de los parlamentarios gremialistas es que Landerretche descarte la opción de comprar el terreno, para oficinas corporativas, según explicó en su momento Codelco, para ser parte del negocio Caval, que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.

Mediante un comunicado, Codelco expresó que los contratos de la corporación con diversos proveedores y personas fueron auditados, en 2005, por la Contraloría; y en 2006, por una comisión investigadora, y que ambas instancias descartaron irregularidades.

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