Nacional


Toma fuerza la intención de efectuar eventual acuerdo político transversal tras denuncia del SII

ARCHIVO | Jose Francisco Zuñiga | Agencia UNO
  • share
Publicado por
Envíanos tu corrección

Tras la segunda denuncia presentada la semana pasada por el Servicio de Impuestos Internos -que comprometió transversalmente a políticos en el Gobierno, oficialismo y oposición- comenzó a tomar fuerza la intención de llegar a un acuerdo político. Algunos, de forma reservada, piden que sea incluida una cláusula de amnistía a los indagados, mientras que otros esperan se refuerce la institucionalidad.

Un acuerdo político, parecido al que se logró bajo el gobierno del ex presidente Ricargo Lagos, vuelve a rondar en la clase política, en especial en el Congreso. Lo cual tomó aún más fuerza el pasado jueves cuando el Servicio de Impuestos Internos denunció a los responsables de la empresa Soquimich, que controla el ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce, por haber recibido documentos tributarios falsos por $4.340. millones.

Monto que se suma a los $1.360 millones que objetó el ente tributario el 24 de marzo pasado. Todo en la indagatoria por financiamiento a políticos de forma irregular vía – según la investigación conocida – boletas ideológicamente falsas.

En ambas denuncias se establecen vínculos con actores políticos de forma transversal por medio de posibles triangulaciones con familiares, secretarias, amigos o incluso fundaciones que regularmente apoyan a uno u otro sector.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el jueves, cuando dentro del detalle de las boletas consideradas sin respaldo a casi 200 personas estaban empresas ligadas a Sebastián Piñera, al ex candidato Pablo Longueira, a los hijos del senador y próximo presidente DC Jorge Pizarro, a la directiva del PRI – incluyendo su presiente -, ex candidatos y partidos políticos como RN, entre otros.

Escenario que ha desatado una crisis interna primero en la Alianza por el caso Penta, pero ahora en la Nueva Mayoría y el Gobierno, al cuestionarse boletas -por ejemplo- del director de Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, y del embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes, en su calidad de responsable el 2013 de una consultora que facturó millones a la empresa SQM, pero en especial Giorgio Martelli, recaudador de las campañas de la presidenta.

Frente a este escenario y claramente asumiendo que ya está instalado el tema al interior de La Moneda, sumado al caso Caval, la presidenta Michelle Bachelet decidió el sábado poner un matiz distinto a lo que había dicho con anterioridad sobre el llamado caiga quien caiga.

La mandataria, al igual que lo hizo el ex presidente de la UDI Ernesto Silva en octubre, ahora salió a pedir que no se linche a las personas que estén mencionadas en estas causas, afirmando que se debe esperar la decisión de la justicia. Eso sí, comprometió que si alguien del gobierno es aludido en la investigación ellos tomaran las decisiones respectivas llegado el minuto.

Declaraciones de la jefa de Estado que fueron valoradas, por no decir aplaudidas, el mismo sábado por la UDI y RN. Desde el gremialismo señalaron que pedir que no se linche a los individualizados muestra que la presidenta había llegado a la misma conclusión que llegaron ellos hace 9 meses.

Acuerdo que no a todos acomoda, especialmente que se incluya dentro de esos escritos una cláusula de amnistía, algo que se ha conversado de forma discrecional, es decir en secreto por ahora.

El diputado del Partido por la Democracia, Pepe Auth, afirmó que no es viable un acuerdo político, agregando que quienes pretendan hacer lo mismo que ocurrió durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos están muy equivocados.

Desde Amplitud, la senadora Lily Perez señaló que en casos de corrupción ningún acuerdo es posible, agregando que la única posibilidad es que se modifiquen los marcos reguladores actuales, pero que no se puede aceptar un escenario como el ocurrido el 2003.

Desde el Gobierno toman distancia para hablar en público sobre estos llamados acuerdo. El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, se limitó a señalar que en su momento la presidenta Bachelet entregará una serie de medidas, las que esperan sean ampliamente apoyadas por la mayoría de los sectores políticos.

Postura a la que se sumó la Iglesia Católica, tal como se la habían pedido algunos sectores políticos. El cardenal Ricardo Ezzati lo mencionó durante el fin de semana.

Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
Ver los comentarios (0)
Destacados