Chile aún no resolvía la demanda limítrofe peruana, cuando, el 23 de marzo de 2011, Evo Morales anunció que llevaría a nuestro país nuevamente a los salones de la Corte Internacional de Justicia.

El mandatario, apoyado en la naciente Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, que sería creada por decreto días después, oficializó en el discurso lo que fue en aquel entonces y ha sido hasta ahora la principal línea argumental boliviana: existen asuntos pendientes entre ambas naciones y Chile debe disponerse a negociar una salida al mar con soberanía.

Para comprobar tal aseveración, la corte con sede en La Haya tendrá que ratificar la interpretación altiplánica del archivo histórico bilatreral en su dictamen. Ello, solo si el proceso avanza hasta el fondo del asunto y cruza el umbral de la excepción de competencia planteada por Chile.

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En dicho evento, los dos equipos litigantes se enfrascarán en una disputa jurídica idéntica a la que se siguió para el caso con Perú, incluso en mismos términos de plazo, estiman entendidos en la materia.

Fundamentos de la demanda boliviana

La memoria boliviana fue entregada en abril de 2015 y no podrá ser revisada por el público hasta que los 15 jueces de la corte la lean. Sin embargo, para conocimiento general, el vecino país creó el denominado ‘Libro del mar’, texto que condensa la visión local del tema marítimo.

En él se señala (página 47): “Bolivia afirma que Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes del más alto nivel”.

“Estos numerosos instrumentos evidencian de manera contundente que Chile se comprometió a encontrar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia mediante negociaciones con miras a llegar a un acuerdo”, agrega.

En base a lo anterior, el Estado boliviano solicita a la Corte Internacional de Justicia que “juzgue” y “declare” que:

1) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.

2) Chile ha incumplido dicha obligación.

3) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.

¿Promesa o intención?

Es admisible afirmar que Chile en diversos momentos de su historia republicana se dispuso a tratar con Bolivia su enclaustramiento. Así queda de manifiesto en hitos como ‘Charaña’ o la ‘Agenda de los 13 puntos’. Pero lo que para la versión chilena es una legítima negociación bilateral, para el gobierno de Evo Morales es, hoy, algo de mayor calibre.

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La experta chilena en derecho internacional, Paz Zárate, lo define así: “Lo que sugiere Bolivia es que ha habido una promesa, que es un acto jurídico que obliga a todo evento. No es una intención, es un acto jurídico que crea obligaciones, donde una parte crea obligaciones para sí misma (…) Cuando prometo me obligo y esa promesa tengo que cumplirla. Eso constituye un acto creativo de derecho, no es una mera aspiración”.

Si se llegase a dirimir en torno al fondo de la demanda boliviana, la naturaleza de las manifestaciones de las partes tendrá que ser sometida a escrutinio. Para ello, el contexto y la eventual existencia de una línea unificadora en las declaraciones, será eje central en la postura altiplánica.