Este lunes se desarrolló el habitual comité político entre los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría y los ministros “políticos” del Gobierno. La cita estuvo marcada por la polémica a propósito del Caso SQM, y la división en el conglomerado oficialista por la reacción que ha tenido La Moneda.
Dos horas y media duró el comité político que se desarrolla cada 15 días en La Moneda, reunión cruzada por la nueva denuncia de Servicio de Impuestos Internos (SII) en que se objetaron centenares de boletas presumiblemente irregulares de la empresa Soquimich, en medio de la investigación que lleva la Fiscalía por el financiamiento irregular de campañas políticas.
Este escándalo entró de lleno a La Moneda, luego que se cuestionaran varias boletas que emitió el actual director del Sernageomin Rodrigo Álvarez Seguel, quien fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet en dicho cargo.
El tema fue analizado en la cita, en donde las posibilidades de un acuerdo se diluyen, según sostuvo el ministro vocero de Palacio Álvaro Elizalde, quien puntualizó que el consenso general en el encuentro fue respetar la institucionalidad.
“Eso (acuerdo) ha sido categóricamente descartado por todos quienes han participado de la reunión, el Gobierno ha sido categórico en señalar que estos hechos deben ser investigados por las instituciones en el marco del ordenamiento jurídico vigente (…) cuestión distinta es que el Gobierno siempre va a proponer un diálogo con todos los sectores para avanzar a un marco regulatorio mucho más estricto”, afirmó Elizalde.
Mientras, el saliente presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker, aseguró que ante el régimen presidencialista que rige a Chile, su colectividad -al igual que el resto de los partidos oficialistas- apoyará lo que resuelva la presidenta Bachelet.
Este acuerdo, según reconocen en La Moneda y en las cúpulas de la Nueva Mayoría, por más reuniones que se puedan producir o intenciones de uno y otro parlamentario de incluir veladamente una “amnistía” respecto a lo que está sucediendo, tiene costos que podrían generar la ingobernabilidad del sector, sobre todo en momentos en que la ciudadanía está exigiendo más transparencia.
Aunque, uno de los puntos que ha tomado fuerza, según advierten desde el oficialismo, es la necesidad de señalarle públicamente a la Fiscalía que se aceleren las investigaciones, según dijo el senador del PPD, Jaime Quintana.
El timonel aseguró que el Ministerio Público tiene las garantías para acelerar las investigaciones y de esta forma desintalar este manto de dudas y desconfianza generalizada en la política y otras instituciones que simplemente hacen un daño al país.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, fue más explícito apuntando a que se deben acelerar los plazos.
Igualmente, el timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade, señaló que sería bueno para el país que el caso se apurara desde el punto de vista de la investigación que lleva el Ministerio Público.
