El diputado Joaquín Godoy arremetió nuevamente contra el proceso de reconstrucción de Valparaíso, tras el incendio de abril de 2014. Con un informe de Contraloría en mano denuncia nuevas irregularidades, entre ellas a un asesor de la intendencia vinculado a falsificación de datos en fiscalizaciones.
El parlamentario indicó que el informe de la Contraloría Regional, que analizó los recursos transferidos entre el 12 de abril y el 30 de junio de 2014 para financiar los gastos motivados por el incendio, aconseja la realización de un sumario.
Esto se debería a los más de 2.600 millones de pesos desembolsados en enseres y a que hay familias que recibieron más de un millón de pesos y otras que quedaron con un monto inferior a esa cantidad, lo que da cuenta de una irregular entrega de recursos, dijo el diputado.
En paralelo, explicó Godoy, el mismo informe da cuenta de que no se encontraron los documentos relativos a la entrega o distribución de 500 salas de baño -por un monto superior a los 22 millones de pesos- lo que se suma al hecho de que un funcionario habría instruido inventar datos en la lista de personas a cargo de las fiscalizaciones.
Entre estas irregularidades, denunciadas por el parlamentario, Contraloría habría detectado también la existencia de personas que se encuentran en un mismo día en dos actas para ser transportadas a lugares diferentes y a funcionarios que no registran asistencia al trabajo en fechas en que aparecen en actas de las rutas de transporte a los cerros Las Cañas, La Cruz, El Litre, La Merced y Ramaditas.
Junto con ello, el diputado reiteró tener antecedentes que indican que de los más de 1.200 subsidios, sólo se han entregado 491, iniciándose obras en 172 de ellos y concluyendo trabajos sólo en 16.
El senador Ricardo Lagos Weber salió al paso de los dichos de Godoy y señaló que los adjetivos utilizados por el diputado no contribuyen a nada. Sin embargo, reconoció la falta de fiscalización.
En tanto, el diputado Joaquín Godoy define utilizar mecanismos de la Cámara como la interpelación o una sesión para citar a la ministra de Vivienda, no descartando las vías legales que lo podrían llevar incluso hasta el Consejo de Defensa del Estado.
