Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.
La incorporación oficial se realizó durante una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, exactamente 90 días después de que Palestina accediera al Estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.
La adhesión de Palestina constituye un paso más en la ofensiva diplomática y judicial empezada en 2014 por la dirección palestina.
Es también un avance de consecuencias inciertas: por ahora parece poco probable que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros dirigentes israelíes comparezcan un día en La Haya.
Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los Palestinos decidieron internacionalizar su causa.
A finales de 2014, decidieron adherirse a la CPI, que tiene por finalidad juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera rechazado un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí en tres años.
Al mismo tiempo que solicitó la adhesión a la CPI, el presidente palestino Mahmud Abas envió a la corte un documento para autorizar a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014.
