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Experto en prevención de riesgos: “Onemi no es la única organización responsable en esta catástrofe”

Copiapó | Pablo Sanhueza | AFP
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La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) ha sido el principal blanco de críticas por parte de los damnificados por la catástrofe en el norte del país, sobre todo ante la denuncia de organizaciones civiles por el rechazo a la ayuda que se ha ofrecido para gestionar la emergencia.

Entre los reclamos más recurrentes se cuenta la lentitud en la entrega de ayuda, y la entrega de información oportuna respecto de la cantidad de afectados, personas desaparecidas, e incluso el número de fallecidos.

No obstante, el experto en prevención de riesgos de la Universidad del Pacífico Alexander Betzhold Formigli, apuntó a que no todo el peso recae en la Onemi, puesto que también existen otros organismos que deben facilitar las labores en estas complejas circunstancias.

“La Onemi no es la única organización responsable y, al contrario, se debe destacar su rol de coordinación frente a las emergencias”, señaló el académico de la Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos, recordando que en estos casos hay que evaluar además la responsabilidad que les cabe a las Municipalidades, la Seremi de Salud, la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin, los Tribunales Ambientales y de las Empresas Mineras.

En ese sentido, el especialista apuntó a quienes permitieron la construcción de viviendas en lugares con riesgo de los cauces naturales de desagüe de quebradas y al arrastre de material residual (relaves) desde las empresas mineras ubicadas aguas arriba.

“Cabe recordar que las Municipalidades son las responsables, según la Ley 18.674, de definir los Planos Reguladores Comunales (PRC) y las zonas de riesgo por desastres naturales o tecnológicos, ordenando dónde se ubican las actividades industriales y dónde se instala la población; por lo tanto, ¿qué pasa con los PRC y las zonas de riesgo de las comunas afectadas?”, se pregunta el experto.

Por otro lado, Betzhold puso en el tapete la reglamentación ambiental de las empresas mineras, quienes además debieron haber movilizado recurso de apoyo y brigadas de respuesta hacia las comunidades afectadas por la posible presencia de material residual proveniente de relaves. Y pese a que las autoridades han descartado una contaminación, Betzhold cuestionó la versión oficial.

“¿Por qué vemos en la televisión pozas con líquidos azules metálicos aflorando en el pueblo de El Salado?”, se preguntó.

El docente y especialista en Gestión y Planificación Ambiental, explicó que si los relaves mineros están abandonados o no se encuentran activos, se presentarán como “cerros” o “montículos” de minerales deshidratados, pero siempre ricos en metales pesados, que pasan a denominarse “pasivos ambientales”. “Éstos pueden contaminar las aguas subterráneas (de pozo) y generar aerosoles respirables arrastrados por el viento, debiendo intervenir el Seremi de Salud, disponiendo la remoción el material y cerrando la zona contaminada. En este punto, ¿qué pasa con el relave de Sali Hochschild en medio de Copiapó?”, aseveró Alexander Betzhold.

Por último, recordó el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, señalando que es deber del Estado velar por este derecho.

“En consecuencia, los Tribunales Ambientales debieran perseguir a los responsables de situaciones de daños ambiental, o la Corte de Apelaciones acoger los recursos de protección por violación de este derecho constitucional, toda vez que denuncien directamente las personas afectadas o las Municipalidades en su representación”, señaló.

“La gente no denuncia porque no sabe y las Municipalidades no los representan adecuadamente; por lo tanto, ¿por qué no hay denuncias en trámite ni sanciones aplicadas a los responsables de la contaminación minera en el norte, que ahora es arrastrada y diseminada por los aluviones hacia la población?”, concluyó.

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