En medio del sumario administrativo que encabeza el municipio de Chiguayante en contra de una decena de funcionarios, el alcalde tomó la drástica sanción de destituir a dos funcionarios. Sin embargo, la Contraloría deberá decidir si las ratifica.
A raíz del fuero sindical que tienen, la Contraloría definirá si son o no ratificadas las destituciones de dos directivos de la Municipalidad de Chiguayante. La drástica sanción fue aplicada por el alcalde Antonio Rivas tras el sumario administrativo abierto por irregularidades durante la administración anterior.
De la decena de funcionarios investigados, los jefes de Control, Miguel Guerrero, y de Administración y Finanzas, Sonia Saldías, fueron los que recibieron la sanción más drástica que contempla la ley.
Tras una año de investigación por la responsabilidad en irregularidades que se arrastraban desde la administración de su antecesor, el alcalde Antonio Rivas determinó la destitución de sus asesores.
La medida, sin embargo, debe ser revisada por la Contraloría, a raíz del fuero que como dirigentes sindicales tienen Guerrero y Saldías, según confirmó el ex candidato a alcalde y opositor a la gestión del actual jefe comunal, Jorge Lozano.
Lozano agregó que confía en que el organismo contralor revierta el pronunciamiento, reiterando que los funcionarios municipales investigados han sido blanco de una persecución política.
Mientras el jefe de Control sigue en su cargo hasta que la Contraloría resuelva su situación, la directora de Finanzas está separada de funciones a raíz de un segundo sumario abierto en su contra.
