Con discursos y tonos bastante diferentes, tanto la presidenta de la República, Michelle Bachelet, como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirieron este miércoles a la situación que enfrenta el Gobierno respecto al denominado caso Soquimich.

Durante la jornada del martes se ratificó que el subsecretario de Gobierno, Rodolfo Baier, emitió una factura a la minera no metálica por un monto que supera los 6 millones de pesos.

Baier aseguró que las boletas corresponde al pago de un estudio efectuado para la minera no metálica y que no tienen relación con aportes para campañas políticas o financiamiento a personeros políticos.

Pese a esto el Servicio de Impuestos Internos decidió enviar dicha factura al Ministerio Público tras ser objetada en el análisis que se realiza sobre estas causas investigadas.

En este contexto la presidenta Bachelet, dando una clara muestra de la búsqueda del “caiga quien caiga” y en un tenor muy distinto al que mostró ayer el ministro Peñailillo -que llamó a la ciudadanía a terminar con la “caza de brujas”, comprometió la colaboración del Gobierno para aclarar estos casos.

“La instrucción que tienen todos los funcionarios de Gobierno es de colaborar activamente para que se aclaren los hechos”, señaló la presidenta, quien agregó que las instituciones “están funcionando” y que, para ello, se requiere “la máxima transparencia y colaboración”.

Junto a los procesos judiciales, la mandataria señaló que espera que “los involucrados también puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa o cuando corresponda a asumir las responsabilidades”

“He dado instrucciones claras y quiero reiterarlas aquí esta mañana”, agregó en el marco de una actividad realizada durante la mañana.

Una hora más tarde el ministro Rodrigo Peñailillo, decidió continuar con la tónica expresada el martes.

“Aquí hay que respetar la honra de las personas, y si por cada filtración condenamos a las personas públicamente, creo que no es el país que queremos”, sostuvo el titular de Interior, señalando que se apunta a “un país donde haya una relación sana entre la política y el dinero”.

Desde el equipo de comunicaciones de la presidenta salieron a advertir que ambas declaraciones tienen relación, aunque reconocen “tonos diferentes” en torno al mismo hecho.