Pasadas las 10:30 horas de este lunes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delito tributario contra los representantes legales de SQM, Reactor SPA, y de Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes E.I.R.L, todos en la mira por delitos tributarios que estarían ligados a un financiamiento irregular de campañas y utilización de boletas ideológicamente falsas.

Esta tan esperada acción legal se basa en el artículo 97 -N° 4, inciso primero- del Código Tributario, por delitos reiterados en el marco de la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, o al empleo de otros procedimientos para ocultar o modificar el verdadero monto de las operaciones económicas realizadas, que eventualmente burlan los impuestos.

Este delito tributario además se configura por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas. La acción penal se dirige también en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los ilícitos.

Involucrados

El libelo apunta a los representantes de Soquimich: Patricio Contesse, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos en calidad de autores; y a los representantes legales de la sociedad Reactor SPA: Iván Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Polidura, junto a la periodista Cristina Zuñiga, por la facilitación de documentación tributaria falsa a la sociedad SQM y a otras empresas.

Recordemos que ésta última involucrada fue conocida tras revelarse que trabajaba con varios grupos de parlamentarios a través de “Asesorías Cristina Zuñiga Paredes EIRL”, y que estaba vinculada a Alejandro Chaparro, ex operador político condenado por cohecho en el ‘Caso Coimas’.

Cabe destacar que en esta arista del caso Soquimich, figuran parlamentarios del PS, de la UDI, del PPD y de la DC, que estarían presuntamente vinculados al pago de boletas ideológicamente falsas para las campañas políticas. Facturas que habrían sido pagadas por Soquimich, Corpbanca e incluso Ripley, y que -entre otros- habrían sido emitidas en campañas senatoriales como la de Pablo Zalaquett.

“La acción penal está fundada en las evidencias encontradas por el Departamento de Delitos Tributarios del SII durante el proceso de recopilación y análisis de antecedentes que ha venido desarrollando en los últimos meses, el que ha incluido entre otros elementos requerimientos de información, citaciones y toma de declaración a los representantes legales, el procesamiento de los registros contables, así como el posterior cruce con información de terceros y la contrastación con los antecedentes disponibles en las bases de datos del Servicio”, indica un comunicado del SII.

Asimismo la entidad afirmó que en los próximos días presentará una denuncia criminal por delito tributario en contra de la misma empresa SQM y otros contribuyentes, por hechos de características similares que abarcan periodos correspondientes a los Años Tributarios 2006 al 2014.

Tramitación

Una vez que se declare admisible y se de curso a la ya interpuesta acción legal, se dará el vamos para que los fiscales puedan avanzar libremente en la investigación esta parte del caso SQM.

Pese a lo anterior, aún se encuentra suspendida la facultad para que Fiscalía pueda investigar delitos tributarios, debido a la determinación del Tribunal Constitucional, que acogió a trámite un recurso interpuesto por en ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, para impedir que se investigaran los datos contables de la empresa.

Dicho recurso, que acusaba al Ministerio Público de “exceder las potestades al no existir querella o denuncia del SII que fundamente el actuar”, será revisado este miércoles a las 16:00 horas, y sin duda rechazado por no tener sustento.

Eso sí, en esta ocasión no participará el ministro Cristián Letelier, que votó a favor de esta suspensión, pues se declaró su inhabilidad tras las críticas reiteradas que responden a su participación en el caso Penta, ya que se detectaron correos a Carlos Délano, en los cuales solicitaba dinero para campañas de la UDI.

Una querella ampliamente esperada, pero que demoró en llegar. ¿Será tiempo ganado para destruir pruebas y evidencias? ¿Será tiempo ganado para ponerse de acuerdo en testimonios y armar una historia?… Alguien tendrá que responder por ello. Escucha esto y más en el análisis del periodista Erik Lopez.