El Gobierno desembolsa cerca de 30 mil millones de pesos cada año en adquirir textos escolares, para repartir gratuitamente en los colegios que reciben recursos fiscales. Aún así, hay algunos subvencionados que los rechazan y los padres deben comprar libros carísimos en el comercio, que a veces resultan ser de las mismas editoriales que reparte el Estado… ¿Vale la pena gastar en ellos?

Los apoderados de niños que estudian en recintos particulares en Chile, son los que tradicionalmente deben invertir más dinero en textos escolares, gasto considerable que se suma a las altas matrículas y colegiaturas. No obstante, igual hay subvencionados que a veces se niegan a recibir uno o varios textos del ministerio de Educación (Mineduc), y “exigen” a los padres comprar otros en las tiendas.

Esto es permitido siempre y cuando el establecimiento justifique la decisión. De acuerdo al Decreto nº 53, los “que opten por rechazar los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, deberán informar de esta decisión a los centros de padres y apoderados y de alumnos, respectivamente. El documento informativo deberá contar con los motivos que fundamenten tal decisión, y será suscrito por el director del establecimiento educacional”.

Sin embargo, es relevante destacar que no es obligación que los padres compren los textos, ya que está prohibido que los colegios excluyan a un alumno de un ramo o actividad académica únicamente porque no cuenta con el libro de apoyo.

Algunos de los libros más requeridos, por nombrar ciertos casos, suelen ser los de las editoriales Santillana y SM. Por dar un ejemplo concreto, uno de los ejemplares de Lenguaje y Comunicación que el Estado entrega a los niños de 1º básico es Santillana. Esa empresa vende en el mercado uno del mismo ramo y curso, que vale $31.700 (precio informado en el sitio web de la compañía) y además del libro trae un cuaderno de actividades y un sobre con cartones didácticos.

Ese tipo de materiales adicionales son una de las diferencias entre los textos del Mineduc y los que se comercializan, explica Loreto Jara, investigadora de Política Educativa de la fundación Educación 2020. A ello agrega que los disponibles en las tiendas a veces tienen más páginas, pueden cambiar los ejercicios o algunos textos, y el material (papel, cubierta) suele ser de mejor calidad, “porque en ese tipo de aspectos el ministerio abarata costos de producción”.

“En general, la calidad de los textos escolares que reparte el ministerio es bastante buena, porque pasan por procesos de construcción, de elaboración y de revisión que son bastante rigurosos (…) Si se comparan con los textos que venden las editoriales por su propia parte, para el sector privado, la calidad es bastante similar. Los estándares referidos a cómo se trabajan los contenidos, las habilidades debiesen ser bastante similares, porque se rigen por el Marco Curricular Vigente que las empresas no pueden evadir”, recalcó Jara.

En ese sentido, manifestó que “es un error cuando las escuelas deciden no repartir los textos escolares del ministerio, porque consideran que son de mala calidad o porque hay algún prejuicio. El texto escolar sí o sí constituye un aporte al aprendizaje del estudiante y a la labor de enseñanza del profesor. Cuando deciden no repartirlos, es un desperdicio de recursos bastante negativo”.

ARCHIVO | Francisco Longa | Agencia UNO

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De hecho, fue por razones similares a éstas que la Feria Chilena del Libro, cadena de librerías presente en varias ciudades del país, anunció este año que ya no vendería más textos escolares. Por medio de una publicación en redes sociales que sorprendió a los usuarios, informaron los cinco puntos que explican su acción. El primero indica que “son cada vez más caros, sin una razón concreta”, agregando que “existe un alto índice de piratería de textos escolares”, por lo cual no serían rentables.

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También sostuvieron que “creemos en la entrega gratuita de los textos en todos los colegios de Chile”, “no estamos de acuerdo con las condiciones comerciales para la venta de estos textos”, y “somos expertos en vender libros y nuestro aporte va más allá de los textos de colegio”.

Eugenio Alcaíno, encargado de comunicaciones de la Feria Chilena del Libro, añadió que creen que no se justifica el alto precio de los mismos, ya que “al final nadie gana, ni los clientes ni la tienda. Sólo ganan las editoriales”.

“Los textos en el comercio son un símbolo de estatus”

ARCHIVO | Víctor Pérez | Agencia UNO

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Ximena Azúa, doctora en Literatura y directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, se refirió en una línea similar sobre las diferencias entre los libros fiscales y los comerciales.

Al respecto, sostuvo que “los textos que se licitan y que el Mineduc compra tienen los mismos contenidos, los mismos diseños curriculares. El punto es que como son ediciones que tienen que ser licitadas con determinados precios, su manufactura impresa es mucho más modesta que lo que se vende. Entonces, en el fondo lo que tú pagas cuando compras esos textos en el comercio es más un símbolo de extensión y de estatus, en vez de que estés apoyando mejor la formación de tu hijo“.

“Los equipos que hacen los textos escolares son especialistas que hacen las propuestas para el Mineduc, y después también hacen aquéllas para la venta particular. Aquí hay un abuso respecto a los precios escandalosos que existen en el mercado. Si te fijas, lo que varía es la calidad del papel, la calidad de la impresión, pero efectivamente tienen las mismas propuestas curriculares, porque son lo mismo”, expresó Azúa.

Entonces, ¿cuáles son los beneficios de comprar los textos en el mercado y rechazar los estatales? La respuesta de la experta fue tajante: “no hay ningún beneficio”.

Rogelio Alegría, magíster en Historia y académico de la U. del Desarrollo sede Concepción, se sumó a esta conclusión, afirmando “no se van a encontrar” beneficios sustanciales al preferir un texto u otro. Sin embargo, agregó que sí se pueden hallar diferencias “en el tratamiento y desempeño que los docentes pueden implementar con ellos, basándose en las capacitaciones que reciben” por parte de las editoriales, y “junto a ello la utilización de los productos asociados: CD, cuadernillos de ensayo Simce, etc.”

Por otra parte, Alegría también acotó que un punto importante es que hay casos en que los colegios tienen líneas educativas particulares, que realmente justifican la adquisición de textos adicionales. Por ejemplo, esto se da “en los colegios bilingües, que cuentan con un proyecto específico en la enseñanza-aprendizaje del idioma”.

En este caso, los textos del Mineduc no serían ‘malos’, sino que poco adecuados”, porque la propuesta del ministerio se alejaría sustancialmente de lo que planea desarrollar el colegio, según el especialista.

EL CASO PERUANO

A diferencia de la situación chilena, en Perú hace unos años crearon una legislación para terminar con el problema de los textos escolares. Esto porque se presentaron una serie de casos de colegios privados que implementaban prácticas abusivas, exigiendo a los padres comprar libros de determinadas editoriales, lo cual incluso abría la puerta para que se dieran eventuales acuerdos irregulares entre establecimientos y empresas.

La nueva ley comenzó a regir en 2013, y según relató al portal Terra Perú el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, consiste en que “los colegios ahora no pueden elegir por sí solos los textos escolares que se usarán a lo largo del año. Se tiene que convocar a una asamblea de padres de familia, donde el profesor mostrará la terna de libros para cada curso. Luego, los padres elegirán los más idóneos para sus hijos”.

La selección de los libros que se usarán durante el año escolar se realiza durante el verano cada año, antes de que los recintos confeccionen las listas de útiles.

Además, la normativa también busca garantizar que las editoriales no abusen de los consumidores con la venta. ¿Cómo? Se exige que los textos no sean “desechables”, sino que deben poder ser reutilizados durante años posteriores, para que así se permita a las familias comprarlos de segunda mano y abaratar costos.

Siendo 2015 el tercer año que se aplica el modelo, los resultados no han sido del todo positivos, ya que cifras del ministerio de Educación de ese país revelaron que el 58% de colegios particulares habría incumplido el proceso de selección en este primer semestre, informó el diario peruano El Comercio.

Por ello, el congresista y miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, llamó a las autoridades gubernamentales a que efectúen una mayor supervisión y control, para que se garantice el cumplimiento.