La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, la misma que dirige el caso Penta, investiga presuntos delitos tributarios cometidos por la Universidad Bolivariana, ligada al ministro Álvaro Elizalde por medio de una de las empresas dueñas de la casa de estudios.
Según información publicada por el medio web El Líbero, el Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia criminal en agosto de 2013, acusando a esta universidad de presentar “declaraciones maliciosamente falsas”, entre los años 2008 y 2011.
De acuerdo a la denuncia, el plantel omitió “las retenciones efectuadas por concepto de impuesto único a sus trabajadores, y por concepto de honorarios pagados a profesionales independientes”.
Vínculo con Elizalde
La publicación señala que desde el año 2008 y mientras era superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde se desempeñaba como gerente general de la Sociedad Gandia S.A., empresa socia de la corporación de la U. Bolivariana.
Sin embargo, hay una relación familiar hacia la universidad, pues -según cuenta el medio electrónico- el padre del actual vocero de Gobierno, Antonio Elizalde Hevia fue uno de los fundadores de la casa de estudios, rector durante 11 años y hoy rector emérito. Fue él quien además constituyó la sociedad Gandia, de la que su hijo fue gerente al menos hasta abril de 2010.
Perjuicio fiscal de 980 millones de pesos
Para su denuncia, el SII invocó el artículo 97 del Código Tributario, donde se explica que declaraciones maliciosamente incompletas o falsas pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde. El artículo también habla de la omisión maliciosa en libros de contabilidad, la adulteración de balances o inventarios, el uso de boletas o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, “o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”.
De acuerdo a El Líbero, fueron 56 las denuncias que recibió el SII en contra de la Universidad Bolivariana, y el perjuicio fiscal que habrían alcanzado estas acciones, entre enero de 2008 y diciembre de 2011, alcanzaría la suma de $980.467.138.
En junio de 2014, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al representante legal del plantel, Manuel Gárate Díaz, quien quedó con firma mensual. Actualmente la investigación es dirigida por el persecutor de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, José Villalobos Gómez, a quien aún le quedarían seis meses para investigar este caso.
