Este miércoles se iniciaron los alegatos en la Corte Suprema del denominado Caso Pollos, luego que el Tribunal de la Libre Competencia (TLC) condenara por colusión a las empresas Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA).

Los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal del país escucharon durante la mañana los alegatos de Ariztía y la APA, condenados por ser parte del “cartel de los pollos” que existió desde 1994 hasta al menos el 2010, donde fijaban los precios, proyectaban la demanda y se repartían cuotas de mercado.

Toda la operación era coordinada por la Asociación de Productores Avícolas de Chile, según consta en la investigación de la Fiscalía Nacional Económica. No obstante, desde la APA negaron esta imputación acusando vicios en la indagatoria.

Recordemos que el año pasado el Tribunal de la Libre Competencia multó a las tres empresas involucradas con 60 millones de dólares, y ordenó la disolución de la APA.

Dicho fallo fue apelado por las compañías, quienes piden anular o rebajar las sanciones. Pero además, la agrupación gremial aspira a seguir operando.

El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, adelantó que solicitará los ministros de la Corte Suprema ratificar el fallo del TLC y aumentar la multa de Don Pollo, cuya sanción fue de cerca de 10 millones de dólares, es decir, la más baja. Además, pedirá aplicar un castigo pecuniario de alrededor de 15 millones de dólares para la APA.

Destaquemos que este “Cartel de los Pollos” fue uno de los fundamentos para el proyecto de ley que el Gobierno presentó este lunes, que busca aumentar las multas y restituir las penas de cárcel para quienes atenten contra la libre competencia, por ejemplo, coludiéndose en los precios.

Así lo recordó el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, quien insistió en que están a la espera de este fallo para presentar una acción judicial compensatoria.

Esta ronda de alegatos continuará este jueves con las exposiciones de los abogados de Don Pollo, Enrique Barros, de Agrosuper, Roberto Fasani, y el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.