Ante los hechos de violencia ocurridos el miércoles pasado en el Puerto San Antonio, donde dos buses resultaron con daños por apedreo y siete de los 16 trabajadores que participaron en los incidentes fueron detenidos, la gobernadora provincial de San Antonio, Graciela Salazar, ha sostenido una serie reuniones junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones para coordinar los protocolos de seguridad con el objetivo de reanudar las faenas portuarias.
La máxima autoridad de la provincia indicó que se ha ido avanzando en la restitución del movimiento portuario, señalando que en este momento está operativo y que el orden y la seguridad está garantizada para los trabajadores que quieran volver a sus funciones.
Respecto de los incidentes de la semana pasada, Salazar agregó que las autoridades han estado siempre dispuestas a dialogar, pero cuando los hechos toman el ribete con características delictuales les compete actuar, independiente del problema laboral que pudiera existir entre los trabajadores y la empresa Puerto Central.
Ante esta situación, el presidente la Federación de Trabajadores de Costanera Espigón -Fetraportces-, Diego Silva, se mostró molesto por esta situación y señaló que el gobierno, en vez de obligar a la empresa a dialogar con los trabajadores, llena San Antonio de efectivos policiales. A su juicio, la situación es inédita en el sector.
Silva aseguró que los trabajadores eventuales movilizados se encuentran aún con el convenio de trabajo vigente, el cual debe finalizar en septiembre de 2016, por lo que la caducidad de esos documentos por parte de la empresa sería ilegal.
Además agregó que ellos se enteraron solamente por la prensa de la decisión y que aún no han sido notificados por parte de la empresa.
