Fueron declarados inadmisibles los recursos de queja presentados por la Municipalidad de Concepción contra dos de sus juezas de Policía Local, a quienes denunció por dejar sin efecto millonarias multas cursadas a Gas Sur. Era la última instancia para intentar el cobro de 170 millones de pesos.
Tras el terremoto, la corporación edilicia penquista multó a Gas Sur por no haber reparado las excavaciones realizadas para reponer el servicio. Fueron más de 800 notificaciones las cursadas, cada una por 215 mil pesos, por un total de 170 millones de pesos.
Sin embargo, una sentencia de la Corte Suprema indicó que una multa era aplicable por todas las faltas de la empresa, señalando entonces que el pago de 215 mil pesos cumplía con la sanción impuesta por la Municipalidad de Concepción.
Ese fallo era justamente el que las magistradas Yolanda Rosen y María Teresa García invocaban para dejar sin efecto las multas aún en trámite, lo que llevó a los abogados del municipio a presentar las quejas, argumentando que las juezas debía evaluar caso a caso las sanciones.
El tribunal de alzada penquista, sin embargo, declaró inadmisibles los recursos, uno por extemporáneo, y el segundo porque los argumentos no cumplían los requisitos que exige dicha acción legal.
Con el pronunciamiento, la Municipalidad de Concepción agotó la última instancia para revertir el fallo del máximo tribunal y obligar a Gas Sur a cancelar la millonaria multa.
