La Contraloría General de la República, acogió el requerimiento de impugnación contra el intendente de la Región de Valparaíso, Ricardo Bravo, luego que éste fuera acusado por los dirigentes de la Coordinadora Marítima y Portuaria de imponer al margen de la Ley y sin contar con facultades para ello el denominado “Servicio de Cargas Limpias”, en la importación de mercaderías por el Puerto de Valparaíso.

Según los representantes de la Coordinadora, el Intendente transgredió los arts. 6º, 7º, 19 Nº 22 y 112 de la Constitución Política del Estado; arts. 2 y 24 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y otras disposiciones legales, lo que suponen la invalidez de lo ejecutado por esta Autoridad Regional.

Sergio Basaez, presidente de La Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Cotraporchi, indicó que llegarán hasta las últimas consecuencias ya que, según declaró, no permitirán que el Intendente se entrometa en asuntos que son netamente entre privados.

El dirigente insistió en decir que el Intendente, está obligándolos a que las descargas de los aforos se haga en la Zeal, además agregó que, en este momento están en estado de alerta y que si es necesario, iniciarían movilizaciones en contra de la Intendencia.

La autoridad regional, al ser consultado por la resolución de Contraloría, se mostró sorprendido, he insistió en que lo que le interesa a es que el tema de las cargas limpias funcione para evitar situaciones como las que se vive en San Antonio, donde se lleva dos semanas de paralización de un terminal producto de la falta de entendimiento.

Finalmente declaró que su función como autoridad política es buscar entendimiento de las partes y que su responsabilidad recae en la finalidad de buscar acuerdos, porque la autoridad política se encuentra para dar gobernabilidad al territorio en el que se encuentra.