Grace Álvarez y Antonio Garafulic, abogados de la sociedad Caval, la empresa de la esposa de Sebastián Dávalos, ex director del área sociocultural de la presidencia, Natalia Compagnon, afirmaron en una entrevista que no fue entregada información por parte de funcionarios del gobierno en el contexto de las actividades de la entidad.
“No hay funcionarios públicos que hayan facilitado información” para la compra de los terrenos en Machalí, que luego fueron vendidos, indicaron los juristas según consigna El Mercurio en su edición dominical.
A ello agregaron que “toda la información del proyecto Caval es de público acceso, y derechamente esto lo manifestó creo que el alcalde de Machalí en su oportunidad”, respondiendo a la denuncia de diputados RN.
En ese sentido, los abogados aseguraron que no existieron citas con personeros públicos, particularmente con el Seremi de Vivienda, por el cambio del plan regulador en la zona de la región de O’Higgins.
“No hay ninguna reunión de la empresa Caval con ninguna autoridad”, destacaron. “Nada, no existe ningún tipo de intercambio con ninguna autoridad pública en relación al cambio de destino del suelo ni ningún tipo de contacto en relación a ningún tipo de materia”, agregaron.
