Nuevos antecedentes surgieron en el caso contra el administrador del Juzgado de Garantía de Tomé, investigado por una serie de supuestas irregularidades, entre las cuales estaría un cuestionado manejo financiero del tribunal. Werner Arellano Bustos enfrenta en la Corte de Apelaciones penquista una investigación administrativa y una solicitud de remoción.
En el sumario a cargo de la Fiscalía Judicial ya han declarado contra el administrador del tribunal una serie de funcionarios del Juzgado de Tomé, sumando nuevos antecedentes a los ya aportados en la denuncia realizada por la jueza Aylin Schroedeer.
La presentación de la magistrada dio cuenta desde los seis meses de licencias médicas presentadas por Werner Arellano en los últimos dos años hasta las más de 1.500 causas con atraso en su trámite y en lo que respecta a la contabilidad, la contratación de prestaciones sin licitación y el no pago por servicios, lo que ha llevado a acreedores a amenazar con pedir el ingreso del tribunal al Dicom.
Pero una situación que podría agravar aún más la situación del administrador del juzgado tomecino tiene que ver con informe financiero de Arellano, donde se da cuenta de 14 cheques protestados en el último tiempo, por una suma superior a los 600 mil pesos.
Las deudas mantienen al funcionario judicial con un índice de riesgo alto según el informe Equifax, dato no menor considerando las responsabilidades que tiene el cargo de administrador de tribunal, entre las cuales está la cuenta corriente del juzgado.
Paralelamente al sumario administrativo, Werner Arellano enfrenta una solicitud de remoción a cargo del presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Jaime Solís Pino.
Esa causa estaría a la espera de lo que resuelva el fiscal judicial (s) Gonzalo Díaz, quien ya habría citado al administrador del tribunal de Tomé como una de las últimas diligencias antes de emitir un pronunciamiento.
