Iniciativas como el fortalecimiento del Ministerio Público, sancionar los delitos de robo con cárcel efectiva y aumentar la dotación de Carabineros y la PDI, conforman el Plan de Seguridad Integral del Gobierno. Se trata de una serie de iniciativas que se discutirán en el parlamento, donde incluso ya fue aprobada la Ley de Control de Armas.
Según explicó el seremi de Justicia, Carlos Galleguillos Carvajal, esa última normativa aumenta los controles para adquirir y para inscribir un arma y sanciona a los responsables de las llamadas “balas locas”.
Además, quienes ejecuten disparos en calles o plazas podrán ser condenados hasta con 10 años de cárcel. También eleva hasta 5 años las penas por el porte o tenencia ilegal de armas. Y esa pena se va a sumar a la que se le aplique a un delincuente que haya cometido otro delito.
En cuanto al Plan de Seguridad Integral en su conjunto, el seremi opinó que “este es un plan general, que abarca varios proyectos de ley y que nosotros vemos con satisfacción. Creemos que la ciudadanía también lo debe percibir de esa manera. Muchas veces se critica a los jueces porque no aplican determinadas penas, pero se necesitan herramientas legislativas como ésta. Consideramos que es un avance que se debe discutir de la mejor manera en el Parlamento”.
“Uno de los proyectos es el plan piloto para defensores de víctimas, que se traduce en 5.835 millones de pesos, lo cual significa que van a haber 202 profesionales y técnicos que van a estar destinados a enfocarse en defender a quienes han sufrido delitos en el país. También está avanzado en lo que es el fortalecimiento del Ministerio Público, donde estamos hablando de 42.607 millones de pesos, donde se aumenta la dotación de fiscales y profesionales en todo el país”.
La autoridad subrayó que “uno de los aspectos más importantes a considerar del Plan de Seguridad Integral, presentado por el Ministerio de Justicia, es aquel que dice relación con la modificación del código penal, en orden a establecer mínimos de cumplimientos efectivos de penas privativas de libertad, en caso de delitos que afecten comúnmente a las personas”.
“De esta manera, al igual como se estableció con la Ley Emilia, se dejaría fuera de estos delitos el juego de las agravantes y las atenuantes, estableciendo un mínimo efectivo de privación de libertad. En este sentido, las personas que sean reincidentes no tendrán derecho a beneficios penitenciarios que le permitan salir en libertad antes del cumplimiento de las penas y, en el caso de que estas personas reincidentes sean condenados nuevamente, las penas comenzarían desde los 5 años y un día”, explicó.
“En el caso de los primerizos que cometan crímenes (como un robo con violencia o en lugar habitado) tendrán que cumplir una pena efectiva de privación de libertad, y en el caso de simples delitos, tendrán derecho a una oportunidad, pero sólo en una ocasión”, precisó .
