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Gobierno mexicano se defiende de críticas sobre investigación de 43 desaparecidos

Archivo | Ronaldo Schemidt | AFP
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La fiscalía general mexicana se defendió este lunes de nuevas críticas contra su conclusión de que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en Iguala fueron masacrados, emitidas por un grupo de peritos independientes argentinos que ve errores en la investigación.

La noche del sábado, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) expresaron que “carecen de evidencia científica” para confirmar, como lo hace la versión oficial, que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes en un aislado basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, y que sus restos calcinados fueron arrojados en un río cercano.

La fiscalía reaccionó el lunes tachando de “poco sustentados” los cuestionamientos del EAAF -que colabora en el caso a petición de las familias de las víctimas- y señaló que su intención es “sembrar la duda” sobre la investigación de este crimen que conmocionó a México y a la comunidad internacional.

“No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas”, afirmó la fiscalía, dependiente del gobierno, en un comunicado.

Aunque sólo han podido ser identificados los restos de uno de los estudiantes, el 27 de enero la fiscalía dijo por primera vez que tenía la “certeza legal” de que los jóvenes habían sido asesinados por miembros del cártel local Guerreros Unidos coludidos con policías de Iguala y Cocula.

Padres aún más desconfiados

Los padres de los estudiantes desaparecidos apoyaron el lunes al EAAF e insistieron en que no confían en la investigación oficial.

“Queda claro que la verdad histórica se cae a pedazos por parte del gobierno federal”, dijo en una conferencia de prensa Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.

De la Cruz hacía referencia a la afirmación en enero de Jesús Murillo Karam, fiscal general, de que su reconstrucción del crimen es la “verdad histórica” del caso.

La versión oficial sobre la masacre desató la indignación de las familias de los jóvenes, que se resisten a creer que estén muertos. También generó expresiones de escepticismo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como cuestionamientos a la investigación por parte del EAAF.

Los peritos argentinos insistieron el sábado en que no estuvieron presentes en el momento en que fue localizada en el río la bolsa con los 17 restos humanos enviados a un prestigioso laboratorio de Austria para su identificación.

Por su elevado estado de calcinación, el laboratorio sólo ha podido identificar los restos de uno de los jóvenes.

La fiscalía respondió que el día del hallazgo de la bolsa “el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan”, y subrayó que en el lugar estaban presentes un fiscal y más de un centenar de funcionarios.

También señaló que “de manera científica” ha quedado comprobado que los sedimentos encontrados en el río corresponden químicamente a los hallados en el basurero, lo cual fue puesto en duda por el EAAF.

“Cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”, recalcó.

Versión oficial cuestionada

La noche del 26 de septiembre, los 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron primero atacados por policías corruptos de Iguala, aparentemente por órdenes del alcalde, y después entregados a los narcotraficantes.

La fiscalía defiende que su conclusión de la masacre se sustenta en 487 peritajes y declaraciones del casi centenar de detenidos, incluidos el alcalde de Iguala y el supuesto líder de Guerreros Unidos.

Este cártel, según la investigación, perpetró la masacre por sospechar que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.

Pero para Amnistía Internacional, las críticas del EAAF suponen que las conclusiones de la fiscalía “se basaron en conjeturas y fueron completamente prematuras”.

La intención “de cerrar este caso basándose en lo que ha resultado ser una posición parcial y carente de evidencia empieza a parecerse, de forma preocupante, a un encubrimiento”, dijo este lunes Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG internacional.

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