Leyendo la reflexión de un amigo sobre la aprobación de la polémica ley que permite la caza de perros salvajes (o asilvestrados), me doy cuenta de que el problema en realidad no es el exterminio de estos animales.
Cruel como parezca, las jaurías de perros silvestres son un problema que debe ser combatido, no sólo por la seguridad de las personas o las repercusiones económicas para los granjeros, sino para el propio medio ambiente ya que depredan a las especies nativas de las zonas donde habitan.
El verdadero problema es que siguiendo nuestra efectista tradición legislativa, esta norma apunta sólo a paliar los síntomas en vez de combatir las causas de la enfermedad.
¿De dónde vienen los perros asilvestrados? Definitivamente no por generación espontánea. Tampoco son una plaga como la de castores que afecta la Patagonia debido a la introducción de una especie foránea. No. Los perros salvajes llegan ahí por la irresponsabilidad de la gente que los abandona a su suerte en las afueras de las ciudades, en lo que es una práctica “normal” cuando tenemos un animal que nos incomoda. Basta recordar la genial idea de Lavín cuando era alcalde de Santiago, para deshacerse de los perros callejeros pagándole a campesinos por recibirlos.
Entonces, ¿de qué sirve reducir a tiros la población de canes en los campos si estos van a seguir en aumento?
Vamos a un ejemplo extranjero. En Australia tienen un serio problema con la sobrepoblación de gatos silvestres. Se calcula que hay unos 15 millones, los que matan a más de 75 millones de animales nativos cada día.
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Allá recurrieron a un plan aún más polémico: cacerías organizadas para acabar con los felinos, a un costo astronómico considerando que “limpiar” sólo una hectárea de gatos cuesta 125 mil pesos chilenos.
Pero los australianos no se preocuparon sólo de los síntomas, sino también de las causas de la enfermedad. Al mismo tiempo, aprobaron una estricta ley de tenencia responsable de gatos domésticos, la cual -entre otras cosas- obliga a cada dueño de un minino a identificarlo mediante un chip, a registrarlo en su municipio y a ponerle una etiqueta con su domicilio para ser devuelto en caso de extravío.
Más aún, establecieron la esterilización forzosa de todos los gatos mayores de 6 meses. Nada de tonteras de que el “gatito pierde su hombría” o de que la “gatita no podrá ser mamá“. No. Los criaderos y tiendas de mascotas deben vender los animales esterilizados e informar al gobierno sobre quién es su nuevo dueño, mientras que si deseas criar aunque sea una camada de gatos, debes solicitar un permiso especial, además de hacerte cargo de la esterilización y adopción o venta de las crías.
El incumplimiento de estas normas acarrea multas que pueden llegar hasta los 5000 dólares australianos (2.5 millones de pesos chilenos).
Porque es obvio, ¿no? Si vamos a hacer el esfuerzo económico y emocional de aniquilar gatos en masa, lo que menos queremos es seguir echándole leña al fuego.
Por desgracia en Chile no es tan obvio, y no tuvimos reparos en apurar una ley para matar perros, mientras gobierno y legisladores no demuestran el mayor interés en promulgar una normativa que asegure la tenencia responsable de mascotas y castigue el abandono de animales, que es y seguirá siendo la fuente primaria de todo este embrollo.
Así que podemos prever el resultado práctico de esto: nada. Cero… bueno, salvo quizá el que algunos vivarachos aprovechen las circunstancias y creen cotos de caza, como hicieron en Castilla-La Mancha, España, donde la caza deportiva de perros y gatos silvestres es una importante “fuente de recursos” local.
Ya pueden ir postulando sus fondos al emprendimiento.
Christian Leal
Periodista
