Por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible, la Fiscalía Regional de Magallanes pidió formalizar al senador independiente por esa zona, Carlos Bianchi.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Punta Arenas que se fije día y hora para realizar una audiencia de formalización de cargos en contra del parlamentario, según un comunicado.

Se trata de una investigación por el arriendo de una oficina parlamentaria en Punta Arenas, inmueble que era propiedad de su suegra, actualmente fallecida.

A la salida de la audiencia, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez Duplaquet confirmó que ayer miércoles ingresó el escrito solicitando la audiencia de formalización en contra del senador y su cuñada, Victoria Retamales.

“Después de una larga indagación, con el tiempo pasamos de una investigación desformalizada (en la cual los intervinientes tuvieron conocimiento de todas las diligencias que hemos realizado, y que unos y otros han solicitado) a una segunda etapa, conocida como la investigación formalizada, en la cual por cierto, todos los intervinientes, querellantes e imputados tienen el derecho de ejercer sus defensas y alegaciones, pidiendo nuevas diligencias y antecedentes, para después poder tomar las decisiones finales”, indicó el persecutor.

Juan Agustín Meléndez recordó que “la formalización es una comunicación de cargos, no es una acusación. Por lo tanto entramos a esa etapa, y esperamos que una vez que se agote tomar las decisiones que correspondan”.

Respecto al desafuero, el fiscal aclaró que “no es necesario. Si comparece el honorable senador voluntariamente a esta audiencia se formaliza y no hay ningún problema”.

El arriendo que complica a Carlos Bianchi

Recordemos que Carlos Bianchi Chelech enfrenta una querella por negociación incompatible y fraude al Fisco que persigue el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a partir de una denuncia que en su momento presentó el ex diputado Miodrag Marinovic, según consigna el diario de Punta Arenas, El Pingüino.

La investigación en contra de Bianchi partió el 22 de abril de 2013, cuando el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió la querella en la que se hizo parte el CDE, por el “arriendo que entre los años 2006-2009 el senador pagó a su suegra por un inmueble de su propiedad, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, de Punta Arenas.

Bianchi Chelech llegó a pagar $1.298.000 de arriendo mensual por una oficina de 33 metros cuadrados de propiedad de su suegra Fresia Espinoza Alarcón.

Esto contraviene la prohibición que tienen los funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados concuñados, y otros, estando dicha norma por sobre el reglamentos corporativos que puedan tener el Senado o la Cámara de Diputados.

Meses más tarde se amplió la querella a fraude al fisco, en una investigación que lleva adelante el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez.

Incluso en medio de la indagación, El Mercurio tuvo acceso a un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) dando cuenta que una de las firmas del contrato de arriendo presentado por Bianchi era falsa.

La pericia de la PDI concluyó que “la firma del arrendador cuestionada que ostenta el contrato de arrendamiento, materia de estudio, puesta a nombre de Fresia Espinoza Alarcón es falsa”, sentencia el informe.

Según fuentes consultadas, el dolo de este ilícito quedaría de manifiesto con el precio que se pagó por la sede del senador Bianchi al ser muy abultada, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible.