Pese a aprobarse la reforma educacional, los cuestionamientos por algunos puntos polémicos continúa, en especial el referente al que sería un nuevo negocio para los bancos basado en la educación chilena.
Se trata del “CAE inmobiliario”, que fue el nombre con que lo bautizó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Valentina Saavedra.
Esta denominación es en honor al controversial Crédito con Aval del Estado, creado por el anterior gobierno de Bachelet para que estudiantes financiaran sus estudios superiores y eliminado por Sebastián Piñera, tras ser criticado porque generaba millonarias deudas a las familias y entregaba amplias ganancias a los bancos.
Según reveló el portal El Dínamo, el “CAE inmobiliario” tiene relación con la medida que obligará a los sostenedores de los colegios a ser dueños de la infraestructura donde se ubica la institución.
Así, las nuevas corporaciones sin fines de lucro -a formarse de aquí a 2017 para implementar la reforma- tendrán que comprar los edificios donde operan. De esta forma se pretende evitar que puedan lucrar indirectamente por medio de una inmobiliaria, como suele ocurrir en algunas universidades privadas, donde los dueños de una casa de estudio son los mismos que se “autoarriendan” los inmuebles a elevados precios.
No obstante, el problema es que para ayudar a las corporaciones que no tienen recursos para adquirir la infraestructura, se creará un sistema de créditos bancarios con aval del Estado, que entregaría un gran negocio para los bancos que durará por los próximos 25 años.
Los créditos bancarios tendrán 100% garantía estatal, y el interés con que operarán ni siquiera fue fijado por la ley. De acuerdo a estimaciones de la Fundación Jaime Guzmán, éste sería alrededor de 4,7% anual y a 25 años plazo, cifra similar al CAE que bordeó el 6%.
En conclusión, la fórmula ideada para los créditos provocará que el Estado esté pagando a los bancos por 25 años, entregándoles de manera directa dineros fiscales correspondientes a las subvenciones.
ARCHIVO | Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
La iniciativa ha sido cuestionada por diversos actores educacionales, entre ellas Valentina Saavedra, quien declaró a El Dínamo que “nos parece que lo que hace este sistema es abrir una puerta, un negocio desde los mismos bancos en la educación. Es muy similar a lo que pasa con el Crédito con Aval del Estado (…) El banco se empieza a enriquecer con una garantía estatal y con la misma subvención”.
A ella se suma el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Subvencionados (Conacep), quien afirmó al mismo medio que “va a llegar un momento en que va a haber una mayor oferta que demanda. Y ahí va haber colegios que van a tener que cerrar no por mala gestión, si no porque ya no van a haber niños para educar. Nosotros creíamos que era mejor que la responsabilidad quedase vía arriendo en manos de los actuales dueños, a que el Estado asumiera este aval (…) Eventualmente podría quedarse el Fisco con elefantes blancos que no van a servir”.
Por otra parte, el oficialismo ha negado las acusaciones. La diputada Cristina Girardi (PPD) expresó sobre el tema que “siempre se ha usado la subvención para pagar los arriendos y créditos, sólo que además de pagar los arriendos, parte de esa plata iba a los sostenedores”.
En tanto, el diputado Mario Venegas agregó que “¿qué pasa si hay un sostenedor que le arrienda a un tercero, y viene una inmobiliaria y le ofrece un mejor negocio al dueño de la infraestructura? ¿Qué va a pasar con los alumnos? Lo que se busca con esto es dar garantías a la continuidad del proceso educativo”.
