El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas revisará por primera vez a México durante su próxima reunión, informó la ONU este miércoles, en momentos en que el país latinoamericano enfrenta una crisis por la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes.
El Comité (CED, por sus siglas en inglés) “sostendrá un diálogo constructivo con una delegación del gobierno mexicano” el 2 y 3 de febrero en Ginebra, indica un comunicado de la ONU.
“Compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades”, el CED monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que México ratificó al igual que otros 43 Estados, añade el parte.
El 26 de septiembre, 43 estudiantes mexicanos desaparecieron en Iguala (Guerrero, sur) tras sufrir un ataque armado de policías locales coludidos con narcotraficantes, aparentemente ordenado por el alcalde.
Este crimen, que despertó la indignación de los mexicanos y la comunidad internacional, ha significado la peor crisis para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Los padres de los estudiantes, que han encabezado multitudinarias marchas para denunciar la participación del Estado y del Ejército en la desaparición de sus hijos, anunciaron el martes que “ante la falta de justicia y verdad en México” enviarán una delegación al CED para exponer su caso.
Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que “hay todavía muchas preguntas por responder, incluyendo la posible complicidad por acción u omisión del Ejército y otras autoridades en el ataque a los estudiantes”.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, negó el martes de forma categórica cualquier participación del Ejército en el crimen.
También aseguró, por primera vez, que los hallazgos de la investigación permitían tener la “certeza legal” de que los estudiantes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico, a pesar de que únicamente uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN.
Esta versión, rechazada por los padres de los estudiantes, fue tildada de “prematura” por AI y recibida con “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” por Human Rights Watch (HRW).
La lucha armada contra el crimen organizado que emprendió el gobierno mexicano en 2006 ha dejado más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.
“Durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas”, denunció la ONU en octubre pasado, al pedir una investigación “seria” sobre el crimen de los 43 estudiantes.
