Acusando “acuerdos consistentes en la asignación de zonas o cuotas de mercado” por parte de seis navieras, la Fiscalía Nacional Económica interpuso una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por presunta colisión en contra de dichas empresas.
La fiscalía acusa a las empresas locales Compañía Sudamericana de Vapores y Compañía Chilena de Navegación Interocéanica, además de tres firmas japonesas y una coreana, de coludirse en múltiples procesos de contratación de transporte de automóviles, desde el año 2000.
Mediante un comunicado, la FNE explicó que el acuerdo buscaba que estas 6 empresas mantuvieran los servicios de transporte de los automóviles a Chile, desde Europa, América y Asia, con un fabricante o concesionario determinado, “aún cuando éstos hubiesen realizado procesos de contratación para buscar nuevos oferentes con mejores condiciones comerciales”.
Por esta conducta, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicar multas por un total de 75 millones de dólares.
Este cartel fue revelado por la Compañía Sudamericana de Vapores, mediante el procedimiento de delación compensada, al que también se acogió una de las navieras nipona.
La Compañía Sudamericana de Vapores, de propiedad del grupo Luksic, puso a disposición de la Armada, según los informes Rettig y Valech, dos de sus barcos, para trasladar y torturar a personas detenidas por la dictadura militar, cuando su dueño era Ricardo Claro.
