La presidenta del Consejo de ministros, Ana Jara, negó el miércoles que los servicios de inteligencia peruanos espíen a autoridades locales y políticos de la oposición, aunque admitió que podría existir una organización paralela dedicada a escuchas y seguimientos ilegales.
“Existe la posibilidad de encontrarnos frente a una organización criminal que en el desarrollo de sus acciones delictivas podría estar intentando vincular al sistema de inteligencia en sus prácticas ilegales”, dijo Jara.
La funcionaria recalcó que “este gobierno jamás ha dictado una orden” de espionaje a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), al comparecer ante los legisladores que la convocaron para responder sobre las denuncias periodísticas de seguimientos a opositores.
Las denuncias de espionaje más recientes y notables afectan a la vicepresidenta peruana, Marisol Espinoza, y al ex Presidente Alan García (2006-2011), una de las principales figuras de la oposición que está enfrentado al Presidente Ollanta Humala.
Antes de la sesión, Ana Jara aseguró que no renunciaría al cargo, como piden sectores de la oposición, “porque seria admitir responsabilidad del gobierno en estos casos de espionaje”.
Jara recordó que entre los afectados figuran además “altos funcionarios de nuestro régimen que han sido víctimas de interceptación de sus comunicaciones, como el ministro de Defensa, un exministro de Comercio y un ex presidente del Consejo de Ministros”.
Las denuncias reabrieron un debate sobre la necesidad de reorganizar el sistema de inteligencia estatal, sumido en un profundo descrédito desde que en la década de 1990-2000, el gobierno de Alberto Fujimori lo utilizó a través de su asesor Vladimiro Montesinos para espiar a opositores y para corromper a la prensa.
