La Corte de Apelaciones de Concepción investiga al administrador del Juzgado de Garantía de Tomé, luego que fuera denunciado por la jueza Aylin Schroedeer a raíz del alto número de licencias médicas, un atraso en el alto número de causas en trámite e irregularidades en el manejo financiero del tribunal.
En abril del año pasado, al asumir la jueza Aylin Schroedeer en el Juzgado de Garantía de Tomé, constató el pésimo funcionamiento del tribunal, lo que atribuyó al mal desempeño del administrador Werner Arellano Bustos.
La magistrada constató desde la ausencia sin justificación del funcionario en el juzgado, así como seis meses de licencia médica durante los dos últimos años.
Además, estimó en más de 1.500 los procesos con atraso en su trámite, situación que se traducía en algunos casos en la irregular privación de libertad de los imputados.
En lo que respecta al manejo financiero, la jueza descubrió la contratación de prestaciones sin licitación y el no pago por servicios como el combustible para la calefacción, lo que ha llevado a acreedores a amenazar con pedir el ingreso del tribunal al Dicom.
Existiría, además, un desorden generalizado en la información sobre el pago de viáticos, el control horario del personal y el inventario de bienes del tribunal, entre otras situaciones.
Todos estos antecedentes han sido conocidos por los dos ministros visitadores que ha tenido el Juzgado de Garantía de Tomé, César Panés y Rodrigo Cerda, sin que hasta ahora hayan sido tomadas las medidas para mejorar el funcionamiento.
Las presuntas irregularidades fueron informadas por la jueza Schroedeer a la Corte de Apelaciones de Concepción, que dio inicio a una investigación a cargo del fiscal judicial, Hernán Rodríguez.
