A casi cinco años del 27/F, las demandas contra el Estado por las muertes que dejó el tsunami continúan con la entrega de la prueba de parte de las víctimas, esperándose las sentencias antes del mes de julio. Dos abogados de Concepción se refieren a lo que ha sido la larga tramitación.
De las 156 víctimas fatales y 25 en calidad de desaparecidas que dejó el tsunami, en sólo un caso la justicia ha atribuido responsabilidad al Fisco, ordenando el pago de 55 millones de pesos como indemnización a la familia de Mario Ovando Garcés, quien murió en Talcahuano.
Abogados como Rafael Poblete y Cynthia Tapia han ingresado en estos casi cinco años una docena de demandas. Todas están en lo que podría ser la última etapa del trámite, con la entrega de la prueba para demostrar la falta de servicio del Estado tras la tragedia que afectó la zona centro del país.
Y es que algunos profesionales han intentado promover ante el Consejo de Defensa del Estado un acuerdo extrajudicial para indemnizar a las víctimas antes del pronunciamiento de los tribunales. El organismo se ha negado al planteamiento, decidiendo esperar las sentencias.
A diferencia de la estrategia del abogado Poblete, Tapia ha optado por apoyar sus demandas en las indagatorias del Ministerio Público, lo que ha retrasado el avance de las acciones legales.
Ante el anuncio de que el Tribunal Constitucional se pronunciará en marzo sobre la investigación de la Fiscalía, Cynthia Tapia espera que los fallos sean dictados en los próximos meses.
Son miles de millones de pesos los que podría tener que pagar el Fisco si la justicia acoge la docena de demandas en trámite. En ellas se denuncia, entre otros, que al haber descartado el tsunami el entonces intendente Jaime Tohá, muchas personas regresaron a sus hogares, siendo alcanzadas por las olas.
