La fiscalía de la Universidad Central desestimó la denuncia presentada por docentes de la Escuela de Derecho, respecto de la falsificación de actas de exámenes de pre grado y comisiones fantasmas.

Un mes y 15 días duró la investigación interna que desarrolló el fiscal de la UCEN, Rodrigo Núñez, luego de la denuncia que realizaran dos docentes de Derecho, debido a la falsificación de actas de exámenes de pre grado, para egresados que presentaban problemas en sus convalidaciones, lo que les impediría jurar como abogados ante la Corte Suprema.

Según los denunciantes -la directora del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo, Carolina Venegas y el ex director de Ciencias del Derecho, Christian Merino- en junio de 2014 se informó por parte de la encargada de grados y títulos, Gianella Sonatore, que existían nuevos criterios por parte del máximo tribunal para otorgar los títulos de los convalidados, por lo que se instruyó una revisión de los expedientes.

Al detectarse incongruencias, se comenzó a confeccionar actas antes datadas con notas predefinidas y comisiones fantasmas.

Denuncia que finalmente fue desechada por la Universidad Central, asegurando que respecto a la firma de actas de examinación, dichos formularios no constituyeron actas en las cuales se dejaba constancia del examen o evaluación de los conocimientos de un estudiante, sino que buscaban dar por aprobado el ramo convalidado, según el reglamento de la universidad.

Además, la resolución concluye que no existieron comisiones fantasmas, pues no hubo evaluaciones de alumnos en base a un examen. Por ello, no cabe considerar que las actas fueran falsas, pues correspondían a documentos que tenían por finalidad corregir, internamente, los datos de la historia académica del alumno.

Asimismo, tampoco se puede señalar que con las actas se pretendía determinar que el alumno había cursado un curso en la universidad, toda vez que el término utilizado era de aprobado, que está expresamente contemplado en la normativa interna como un símbolo de convalidado.

Por último, la investigación de la fiscalía de la Universidad Central estableció que los denunciantes trasgredieron todos los conductos regulares de la normativa institucional.

Revisa el informe de la investigación: