El negociador de paz del gobierno colombiano, el general retirado Óscar Naranjo, negó este jueves la suspensión de bombardeos contra las FARC, en el marco de la tregua unilateral e indefinida que la guerrilla inició en diciembre pasado.
“Una decisión de suspensión de bombardeos no se ha dado”, dijo Naranjo en una rueda de prensa este jueves, aunque esbozó la posibilidad de que se discuta en un futuro.
“En la medida en que este proceso tome madurez, seriedad y avancemos sobre los puntos de esa agenda, en el marco de la lógica de desescalamiento, el presidente tomará medidas sobre ese particular”, agregó Naranjo, considerado “el mejor policía del mundo” en 2010 por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (International Association of Chiefs of Police, IACP).
En el marco de las negociaciones de paz que el gobierno adelanta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde noviembre de 2012 en Cuba, la principal guerrilla del país inició un cese unilateral del fuego el 20 de diciembre pasado.
El presidente Juan Manuel Santos se opone a retribuir de la misma manera el gesto del grupo insurgente, por considerar que éste lo aprovecharía para fortalecerse militarmente.
Sin embargo, el mandatario colombiano anunció el miércoles que ordenó a los negociadores iniciar la discusión sobre el tema, para implementarlo una vez las partes lleguen a un acuerdo final.
“La decisión del presidente es que la fuerza pública esté desplegada en todo el territorio para garantizar la vida de los colombianos. No hay ninguna decisión que haya alterado ese mandato constitucional”, reiteró Naranjo.
Pese a no coincidir aún en un cese del fuego bilateral, el integrante de la delegación de paz en La Habana afirmó que las partes discuten una reducción de las acciones armadas o “desescalamiento del conflicto”.
Este asunto incluye “abocarnos de manera directa, muy comprometida, al desmonte de los campos minados” y a “la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto”, añadió.
Las FARC, con unos 8.000 combatientes según cifras oficiales, y el gobierno colombiano, han llegado a consensos en tres de los seis puntos de la agenda: el de desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas. Queda por acordar el punto sobre víctimas, el de entrega de armas y el mecanismo de refrendación de los acuerdos.
