A una lamentable confusión y un “error involuntario” atribuye la senadora de la UDI, Ena von Baer, el verse involucrada en la vergonzosa situación creada por el caso Penta. Su declaración, preparada con experta asesoría comunicacional, presenta a una persona que, poco menos, reclama excusas frente a un escarnio público entera y totalmente injustificado.
De sus dichos pareciera que la senadora es víctima de una confusión de enormes proporciones provocada o, por el desconocimiento de la opinión pública, o por críticas fuera de lugar o intencionalmente antojadizas.
Sin embargo, los hechos son completamente diferentes. El nudo de la explicación de la senadora, expuesta en la Conferencia de Prensa en que no aceptó preguntas, radica en que la solicitud de dinero a Penta habría sido enviada por ella en Diciembre, es decir, después de realizarse las elecciones parlamentarias en que fuese electa al Senado de la República; por ello, dicha solicitud no incurriría en irregularidad alguna.
Ahora bien, en su simple pero cuidadosa autodefensa omite, a lo menos, dos aspectos esenciales:
Lo primero es que en el momento en que ella pide ese dinero es senadora en ejercicio, pues ostenta tal condición desde que, en Agosto del 2011, reemplazara en tales funciones a Pablo Longueira, cuando este pasara al gabinete de Sebastián Piñera, en consecuencia, recibe una dieta cercana a los nueve millones actuales, cuyo abultado monto es, precisamente, evitar que tales mandatarios recurran a estas peticiones que comprometen su independencia y derrumban la dignidad del cargo.
Lo segundo es que la ley le retribuirá 690 pesos por voto, lo que le significara 23 millones y fracción, en virtud de los 34.101 sufragios que le favorecieron con su preferencia.
Lo anterior sumado a los 96 meses, de los 8 años de su nuevo mandato, los que multiplicados por 9 mensuales, le proporcionarán ingresos superiores a 854 millones.
En suma, no hay razón monetaria alguna que excuse la conducta de la senadora que comentamos, salvo la distorsión que se ha producido por el acceso privilegiado e ilegítimo a cantidades desproporcionadas de dinero, que corrompen profundamente las conductas políticas, de estos poderosos grupos defensores de intereses corporativos.
Los hechos no son para que intente cerrar el caso diciendo que luego de su declaración, dedicara su tiempo a defender sus ideas. No hay agua en la piscina para tanta soberbia.
De la explicación de la senadora surge por sí sola la pregunta de, ¿a que otras peticiones de dinero puede llegar o a que compromisos se puede someter, siguiendo la lógica con que actúa?
La confusión está en los valores con que se ejerce la acción política. Ese es el error. De manera que lo que esta pendiente en la UDI es reconocer el tema de fondo: una de las bases primordiales de legitimidad de la acción política es que no es para enriquecerse; que ella conlleva una serie de obligaciones congénitas a la naturaleza de la política, que es bregar por el interés nacional y no reclamar ningún tipo ni de beneficios ni de lisonjas, menos cuando estos pueden empujar a la pérdida de la capacidad de decidir, abandonando el bien común por los más estrechos apetitos que surgen de la codicia humana.
Para salir de la confusión hay que rectificar profunda y auténticamente, no sólo para salir del paso ante los medios de comunicación, sino que con el propósito de restablecer los valores democráticos y republicanos que deben presidir y orientar la conducta política.
Camilo Escalona
Presidente del Instituto Igualdad y ex presidente del Senado
