En una pugna se enfrascaron la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a raíz del concurso para llenar la vacante de oficial primero en el tribunal de alzada penquista.
La Corporación apeló el fallo que paralizó y ordenó comenzar de nuevo el proceso de selección, en el marco de un recurso de protección presentado por dos funcionarias de la Corte, luego que éstas reprobaran el examen escrito.
En la denuncia original Carolina Becerra y Yudith Burgos indicaron que el organismo a cargo del concurso las citó al test -vía telefónica- sólo con horas de anticipación y no días, como ocurrió con el resto de los postulantes, lo que significaba, según ellas, una discriminación.
En la apelación a la Corte Suprema, el abogado de la Corporación Administrativa, César Deramond, asegura que las dos candidatas rindieron el examen horas después de la comunicación porque rechazaron la fecha original, que era para varios días después. Agrega que el recurso se interpuso sólo después que reprobaran la prueba teórica.
Además, el asesor de la Corporación rechazó la orden de la Corte penquista de instruir un sumario administrativo para investigar lo que calificó como irregularidad, es decir, la comunicación telefónica y no vía e-mail de la admisión al examen así como la fecha de éste. El abogado Deramond recuerda al tribunal de alzada que es la Corte Suprema la única que puede dar ese tipo de instrucción.
Será entonces el máximo tribunal el que resuelva este conflicto, surgido -señalan fuentes judiciales- ante la división al interior del Pleno de la Corte de Apelaciones, donde habría ministros que respaldan las postulaciones de Carolina Becerra y de Yudith Burgos, mientras otros apoyarían a Indra Yáñez, ya preseleccionada para el cargo en concurso.
