La Contraloría General de la República realizó las notificaciones a un grupo de funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), quienes están demandados en un juicio de cuentas por su responsabilidad en el pago de obras de reparación y construcción en el edificio de la dirección regional de Tarapacá. Estos trabajos no pudieron ser acreditados y significaron un daño al fisco por más de 14 millones de pesos.

La condena fue solicitada al Juzgado de Cuentas el pasado 2 de diciembre, basada en un informe que concluyó en el mismo mes de 2013, el cual determinó que ocho funcionarios y ex funcionarios -entre ellos el ex director de Junji, Ronel Beto Torres- habían incurrido en un actuar negligente al aprobar, sin respaldo, el pago de obras no ejecutadas.

Entre esas obras estaban la reparación de baños y pisos, nivelado de oficinas, retiro de concreto, reparación de cielos y paredes, y la reposición de cámaras de desagüe, inodoros, lavamanos y de grifería, entre otras, según consigna el diario electrónico El Boyaldía.

Sin embargo, la investigación realizada el año pasado concluyó que en la serie de obras -supuestamente ejecutadas entre 2012 y 2013- los funcionarios permitieron los egresos de dineros “sin asegurarse de la efectiva ejecución de las obras y servicios contratados y su correcta contratación, según lo dispuesto en las bases de licitación respectivas y las normas que regularon las contrataciones de la especie”.

Así, debido al mal uso de recursos públicos y por no cumplir con el rol de garantes de los dineros fiscales, la Contraloría solicitó al Juzgado de Cuentas (proceso rol 174-2014) que condene a los funcionarios y ex funcionarios a la devolución de los montos.