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Hay que mirar el futuro

ARCHIVO | Pedro Cerda | Agencia UNO
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La presentación de la Agenda Laboral, comprometida por el Gobierno de la presidenta Bachelet, ha provocado una airada respuesta en su contra por parte de los representantes del sector empresarial. Unos lo hicieron con rabia, otros con moderación, pero desgraciadamente el criterio generalizado ha estado marcado por un fuerte rechazo.

Las nuevas disposiciones, por supuesto, a la espera del debate legislativo, son criterios universalmente aceptados en países que viven en democracia. Entre ellas se ha subrayado la titularidad del sindicato en la negociación colectiva, el término del reemplazo en caso de huelga y un piso base para los trabajadores en esa misma negociación colectiva.

En muchas naciones tales criterios formaron parte de Pactos de alcance histórico que permitieron levantar economías devastadas, como ocurrió en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso posibilitaron que países como Alemania o las naciones nórdicas, sostuvieran potentes y estables niveles de crecimiento, durante décadas.

En cambio, en Chile, desde 1981, por un convencimiento de carácter ideológico, en la derecha económica, estos aspectos no pueden ser abordados y se ha instalado, en el hecho, en torno a ellos un tabú, un veto, una creencia que hacen mal al país en si mismos, sin que se hayan entregado antecedentes concretos de cuales serían las razones que hacen que ello sea así.

La aceptación de estos principios, que reglan en democracia las relaciones laborales, es lo que distingue un Estado social de aquella otra institucionalidad denominada eufemísticamente Estado subsidiario, que no es sino la cubierta de un tipo de sociedad, la del capitalismo salvaje, que se funda en la imposición unilateral de la voluntad del empleador y elude un entendimiento, cuya base debiese ser el acuerdo entre las partes, vale decir, un consenso de proyección estratégica, que permita asegurar desarrollo sustentable y crecimiento económico, a través de la justa participación de trabajadores y empresarios, en los frutos generados por el esfuerzo de unos y otros en el ámbito productivo.

Esta es una anomalía en el Chile de hoy. En efecto, no se corresponde la institucionalidad democrática que se ha ido abriendo paso en Chile, con un modelo de relaciones laborales basado en el abuso, la coerción y el temor. En efecto, si lo que prima es el miedo a perder el empleo, no habrá ni ejercicio del derecho de huelga ni tampoco una negociación colectiva eficaz. El sector laboral en ella será sometido a niveles salariales y de derechos que estarán por abajo de lo que las empresas pueden disponer para asegurar la paz social en el país.

De manera que estas ideas son para fortalecer la estabilidad democrática, para evitar que niveles remuneracionales abusivos alimenten aquel sordo resentimiento que nutre el populismo del signo que sea para acabar socavando los propios cimientos de una convivencia social inclusiva y democrática. El inicio de la discusión no parece ser auspicioso, pero esperemos que el interés nacional sea el que prevalezca, a partir de la lucidez y capacidad de mirar al futuro que tengan las fuerzas políticas en la discusión parlamentaria.

Camilo Escalona
Presidente del Instituto Igualdad y ex presidente del Senado

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