La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Ley que aumentará en 122 el número de fiscales e inyecta recursos por cerca de 40 mil millones de pesos al Ministerio Público. En la actividad el ministro de Justicia se refirió a la idea de tener fiscales en las comisarías para la atención inmediata de las víctimas.

La mandataria destacó que el plan de fortalecimiento a la institución es clave para mejorar la persecución criminal y la defensa de las víctimas, “es un paso contundente en la dirección de fortalecer nuestra justicia penal, el proyecto que hoy día firmamos materializa un anhelo importante para los fiscales y para los funcionarios del Ministerio Público”, manifestó Bachelet.

La Presidenta dijo que al aumentar las capacidades de la institución, se garantiza de mejor manera el acceso a la justicia para todos los chilenos.

En tanto, el ministro de Justicia, Juan Antonio Gómez, defendió su idea de mantener fiscales en las comisarías para la atención del público, medida que no está incluida en este proyecto de Ley y que fue criticada por los mismos fiscales “las personas que van a las comisarías llegan y pasan un par de meses para que reciban respuestas. Tenemos muchos reclamos respecto a ese punto, por eso tenemos que buscar fórmulas, será esta u otra” dijo Gómez.

Además el titular de Justicia, recalcó que lo importante es eliminar esa sensación de parte de las víctimas sobre que las investigaciones en sus casos no se llevan a cabo.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, si bien reconoció el espíritu de la medida del secretario de Estado, manifestó que la idea no le gusta, “es raro que un fiscal esté en comisaría, ahora que sea obligatorio en todos los casos, eso no es así porque la Fiscalía determina, dentro de su autonomía constitucional a qué lugar van los fiscales a trabajar. El ministro de Justicia no ha dicho que sea una medida permanente y si fuera así, no estaría de acuerdo”.

Los funcionarios del Ministerio Público manifestaron que el proyecto de Ley de fortalecimiento de la institución es insuficiente. El Gobierno, en tanto, pretende que esta iniciativa sea aprobada en el congreso en un plazo máximo de 6 meses.