El presidente de Perú, Ollanta Humala, prometió el lunes que no habrá despidos con la flamante ley de trabajo juvenil a pocas horas de una nueva marcha de protesta en Lima, la tercera desde el 18 de diciembre en la que decenas de miles de jóvenes exigen derogar la norma.

“El reglamento no permitirá los despedidos”, dijo Humala en un intento de minimizar las críticas a una ley que ha disparado las mayores protestas contra su gobierno desde que llegó al poder en julio de 2011.

El ministro de Trabajo, Fredy Otárola, se sumó a los anuncios e indicó que los jóvenes recibirán utilidades de sus nuevos empleadores.

Los aprestos gubernamentales cayeron en saco roto según las reacciones de los dirigentes de los colectivos a través de declaraciones a canales de televisión.

“No es suficiente, es colocar ciertos parches porque el descontento popular es tan grande que ha desbordado las expectativas”, dijo Sayuri Andrade, del Colectivo Nueva Democracia Universitaria en declaraciones a canal N de televisión.

“Mientras no consigamos el objetivo, que es la derogatoria de la ley, seguiremos movilizándonos”, afirmó Gabriel Salazar, representante de la Coordinadora Juvenil #18D Trabajo Digno, citado por la edición electrónica del diario Perú21.

La marcha convocada a través de las redes sociales Facebook y Twitter para el anochecer del lunes en Lima prevé movilizar a más de 10.000 jóvenes desde la histórica y céntrica plaza José de San Martín hasta la sede de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

La acogida de las dos primeras marchas sorprendió al gobierno que intenta desinflar la protesta prometiendo mejoras en el reglamento de la ley de cara a impedir despidos, como denuncian los colectivos juveniles independientes detrás de las marchas.

El nuevo régimen laboral juvenil, aprobado por el Congreso y convertido en ley por Humala hace dos semanas, busca insertar en el mercado laboral a la población con más índice de desempleo que va desde los 18 a 24 años.

Algunos expertos han criticado la norma por eliminar beneficios como gratificación, asignación familiar y utilidades, además de reducir de 30 a 15 días las vacaciones y no otorgar compensación por tiempo de servicio.