El diputado socialista Christian Urízar y habitantes de Quintero interpusieron una demanda indemnizatoria de perjuicios con el objeto de reparar el daño patrimonial y moral causado por el derrame de petróleo ocurrido el 24 de septiembre.
Un total de 266 personas que ejercen actividades ligadas directamente con el mar se hicieron parte de la demanda, entre ellos, extractores, manipuladores y vendedores de jaibas, comerciantes de pescados y mariscos, buzos y fileteros.
El parlamentario señaló que las empresas tienen boletas de garantía que deben hacerse efectivas para que los recursos lleguen directamente a quienes están afectados.
Juan Carlos Vergara, representante de los comerciantes de la Caleta el Manzano, dijo que la zona esta contaminada y que no sólo el derrame ha causado daños, sino que también otros hechos que se arrastran desde hace varios años. La responsabilidad no es óolo de una o dos empresas, enfatizó el dirigente.
Respecto a la demanda propiamente tal, el abogado Harry Jerez, explicó que en base a convenios internacionales y la misma ley de Navegación, las empresas deben responder a los afectados en este tipo de situaciones.
Los demandados son remolcadores Ultratug Ltda. Sociedad filial de Ultramar, del grupo económico Von Appen, la motonave Mimosa, la empresa ENAP y AGENTAL Agencias Marítimas Limitada. En la demanda se expone que todas las empresas participaron del proceso que provocó daños por contaminación a los propietarios, operadores de las naves y artefactos navales del sector.
