Padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en setiembre marcharon este miércoles en el municipio de Ayutla junto con cientos de habitantes de esa zona para exigir el retiro de militares porque sostienen que están aliados con el crimen organizado, constató la AFP.
Los manifestantes marcharon pacíficamente unas tres horas por una carretera de Ayutla, ubicado a 139 km del turístico Acapulco, hasta un cuartel militar,donde intentaron entregar un pliego petitorio en el que exigían la retirada de los soldados, pero el documento no les fue recibido.
La marcha en Ayutla, una de las localidades mexicanas que en 2013 crearon grupos de autodefensa ante ataques de narcotraficantes, tuvo momentos de tensión cuando en algunos retenes militares, reforzados por la manifestación con policías federales, se impidió el paso del contingente.
La manifestación se registró un día después de que en el vecino estado de Michoacán, en la comunidad de La Ruana, dos grupos armados, dirigidos por exjefes de autodefensas, tuvieron un enfrentamiento que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora, líder de una de esas organizaciones.
En la marcha de Ayutla (15.000 habitantes) participaron desarmados algunos integrantes de autodefensas.
Los manifestantes argumentaron que los retenes militares se han convertido en puntos de hostigamiento para los pobladores y que los uniformados están coludidos con el crimen organizado.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), después de ser atacados a balazos por policías locales y sicarios, pidieron el martes a la fiscalía general investigar la actuación de militares y federales en ese hecho.
Según testimonios de estudiantes que sobrevivieron al ataque, un grupo de militares estuvo en el hospital al que llevaron a varfios heridos y después instaló retenes en la zona.
La defensa de los padres de los jóvenes sostiene a su vez que policías federales supieron lo que ocurría y omitieron actuar de forma inmediata.
La fiscalía cree que los estudiantes fueron entregados por policías locales al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró y arrojó sus restos en un río, aunque sólo se han identificado los de uno de los jóvenes.
