El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó el sábado que no permitirá que Alemania supervise la reserva natural amazónica del Yasuní, desde donde extraerá petróleo a pesar de la oposición de indígenas y ecologistas ecuatorianos.

“Entiendan que aquí ya hay dignidad, hay soberanía, y no vamos a permitir supervisiones ni reyes vengan de donde vengan”, expresó el mandatario durante su informe semanal de labores.

Alemania denunció en los últimos días que Ecuador no permitió que una delegación de su Parlamento visite el Yasuní, una reserva mundial de la biosfera de casi un millón de hectáreas y que cuenta con reservas probadas por 920 millones de barriles de crudo.

Correa dijo que los parlamentarios alemanes “querían venir al país sin autorización, no coordinado con el gobierno”.

“No es verdad que han preparado (la visita) ni nada de eso para reunirse con grupos opositores e inspeccionar qué estamos haciendo en el Yasuní”, añadió el gobernante socialista.

En su acostumbrado informe semanal de labores ante simpatizantes, Correa manifestó: “Imagínense que vaya una delegación de asambleístas nuestros a Alemania para hablar con los grupos opositores para ver si está diciendo la verdad el gobierno alemán, y vaya a inspeccionar las instalaciones nucleares. Vamos a ver pues si les dejan entrar, vamos a ver pues si les permiten hacer estas cosas”.

En noviembre pasado, Correa redujo a 200 hectáreas la estimación del impacto ambiental que tendrá la explotación de crudo en el Yasuní y abrió la puerta a una verificación internacional de la actividad en la zona amazónica.

El gobierno había calculado inicialmente que se afectarían entre 500 y 1.000 hectáreas, pero una vez iniciados los trabajos se cree que la afectación será menor.

El mandatario dio luz verde en 2013 a la explotación petrolera en el Yasuní luego de fracasar en su intento por evitar la extracción a cambio de una compensación internacional.

Correa pretendía dejar sin explotar esas reservas como propuesta contra el calentamiento global, pero no obtuvo ni cerca de los 3.600 millones de dólares que planteó como contribución.

No obstante, grupos indígenas y ecologistas se oponen a la actividad petrolera en el Yasuní, con los argumentos de que se afectará gravemente el ecosistema de bosque húmedo y pondría en riesgo a los indígenas nómadas en aislamiento voluntario, lo que es negado vehementemente por el gobierno.

La estatal Petroamazonas asumió la explotación de los yacimientos, y se espera que el primer barril se obtenga en 2016.