El gobierno uruguayo se ocupará de la seguridad de los seis excarcelados de Guantánamo, que 48 horas después de su llegada a Uruguay permanecen internados en un hospital de Montevideo.

Apenas llegaron al país sudamericano, en la madrugada del domingo, los hombres -cuatro sirios, un palestino y un tunecino- fueron trasladados al Hospital Militar de Montevideo para realizarles un riguroso examen médico que deje claro en qué condiciones de salud se encuentran.

Tanto la llegada como sus primeros días en el país han estado rodeados de estrictos operativos de seguridad y un fuerte hermetismo de parte de las autoridades.

“Se trató de asegurarles la privacidad”, explicó el ministro del Interior Eduardo Bonomi al canal local 20.

El jerarca explicó que luego que salgan del hospital los ahora refugiados también tendrán seguridad.

“Muchas veces preguntan sobre las medidas que se van a tomar desde el punto de vista de la seguridad, partiendo de que son un riesgo para la seguridad”, indicó. Pero “las medidas de seguridad que vamos a tomar son para darles seguridad a ellos”, enfatizó.

“El país es responsable por la salud, la seguridad, la convivencia que puedan tener de acá en adelante”, añadió, declinando dar más información sobre el tema.

Las autoridades han indicado que tras salir del hospital serán llevados a una casa, en un destino del interior del país no divulgado, donde comenzarán a adaptarse a Uruguay.

“Tendrán que tener un poco de intimidad, ser protegidos, para que se puedan desenvolver normalmente”, destacó el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

Primeros días

Los liberados son el tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, de 49 años, el palestino Mohammed Tahanmatan (35) y los sirios Ahmed Adnan Ahjam (37), Ali Hussain Shaabaan (32), Omar Mahmoud Faraj (39) y Jihad Diyab (43), quien se había declarado en huelga de hambre y acudió a la justicia estadounidense para hacer valer su derecho a no ser alimentado a la fuerza.

Llegaron a Uruguay esposados y con la cara cubierta, después de 13 años de encarcelamiento en una de las prisiones más cuestionadas del mundo.

“Me siento mal como ciudadana estadounidense, (…) los esposaron, tenían los ojos vendados y oídos tapados, y no tenían un asiento propiamente dicho”, contó en la noche del lunes, luego de visitar a los refugiados, la abogada Cori Crider, integrante de la organización de derechos humanos Reprieve, que representa al sirio Jihad Diyab.

Crider volvió al hospital poco antes del mediodía de este martes, esta vez con bolsas de supermercado con alimentos y acompañada de dos hombres con maletas.

En sus primeros dos días en el país, los asilados vieron médicos y psicólogos, conversaron entre ellos y se comunicaron con sus familias, relataron sus abogados a la AFP.

Fuentes del hospital dijeron a la AFP que un peluquero militar les recortó además el pelo y la barba.

Desde la ONG Crysol, que agrupa a expresos políticos de Uruguay, se solidarizaron con los recién llegados.

“Vemos en ustedes a seres humanos, hermanos nuestros en el dolor, en las vejaciones, en las humillaciones y sentimos vuestros padecimientos como propios”, indicó la organización en un comunicado, en el que ofrecieron su colaboración a las autoridades para la adaptación de los expresos al país.

“No nos interesa de qué país son o nacieron y tampoco nos interesa qué religión profesan. Simplemente vemos en ustedes a personas como nosotros, con sus proyectos, con sus sueños, que merecen todo nuestro apoyo (…) Bienvenidos al Uruguay ustedes y vuestras familias, pueden contar con nosotros”, concluyeron.

La llegada de los presos fue resuelta por el presidente José Mujica, un exguerrillero que estuvo más de una década preso, la mayor parte en condiciones infrahumanas, y que defendió su decisión como un gesto humanitario, pese a que según encuestas es rechazada por cerca del 60% de los uruguayos.

Luego de 13 años quedan ahora 136 detenidos en Guantánamo, de los cuales la mayoría no enfrentan cargos ni fueron juzgados. De ellos, 67 fueron calificados como “liberables”.

Obama ha prometido cerrar el centro de detención antes de que concluya su mandato en enero de 2017.