La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos llamaron el martes a juzgar a los responsables de un programa de torturas de la CIA mucho más brutal de lo supuesto y del que el Senado publicó un extenso informe.

“El reporte confirma lo que la comunidad internacional ya sabía”, dijo Ben Emmerson, relator de la ONU para los derechos humanos, después de que se publicara el reporte.

“Una política fue claramente orquestada a alto nivel en la administración (del presidente George W.) Bush, quien permitió estos crimines sistemáticos y violaciones flagrantes contra los derechos humanos”, añadió.

Para las organizaciones humanitarias, el documento muestra que los métodos secretos usados por la CIA para extraer información de los detenidos tras el 11-S violaron repetidamente la legislación internacional y los derechos humanos elementales.

“Es un informe estremecedor y es imposible leerlo sin sentir una inmensa indignación de que nuestro gobierno esté implicado en estos terribles crímenes”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

“Los funcionarios gubernamentales que autorizaron actividades ilegales deben ser juzgados”, afirma la ACLU.

Emmerson y la ACLU estimaron que los funcionarios estadounidenses que autorizaron estas acciones deben ser juzgados. “Es tiempo de actuar y los responsables de esta conspiración criminal deben estar presentes ante la justicia”, subrayó el relator.

Amnistía Internacional señaló que el informe deja claro que la CIA actuó ilegalmente “desde el primer día” y que los brutales interrogatorios no fueron operaciones espontáneas fuera de control.

Steven Hawkins, director ejecutivo de la representación estadounidense de AI, dijo que el programa “dio luz verde para cometer crímenes penados por la ley internacional contra la tortura y las desapariciones forzadas, impunemente. Es hora de asumir responsabilidades, incluida una profunda investigación, juicios y resarcimiento a las víctimas”.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó que el informe “muestra que los repetidos argumentos de que se necesitaban medidas duras para proteger a los estadounidenses son una ficción”.

Roth reconoció que la administración del presidente Barack Obama puso fin a muchas de las prácticas descritas crudamente en el documento.

Pero advirtió: “A menos que este importante proceso de búsqueda de la verdad lleve a enjuiciar a los responsables, la tortura seguirá siendo una opción política” para los futuros presidentes”.

Sin embargo, el martes parecía dudoso que alguien sea juzgado.

Un alto funcionario del departamento de Justicia dijo que desde 2009 realizó dos investigaciones sobre maltrato a detenidos y decidió que no hay pruebas suficientes para lograr una condena.

Los investigadores que revisaron el informe del Senado “no hallaron nueva información que no hubieran considerado antes de tomar sus decisiones”, agregó el funcionario.