Este martes se desarrolla la audiencia por el cierre de la investigación del denominado caso “Fraude al FUT” que posibilitó indagar por delitos tributarios a los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Si el octavo juzgado de Garantía de Santiago confirma el fin del proceso, el fiscal Carlos Gajardo tiene 10 días para presentar la acusación.

El caso comenzó en octubre del año pasado cuando el contador y empresario Sergio Díaz Córdova se auto-denunció y dio el nombre del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez Díaz, quien logró violar del sistema informático del organismo fiscal para aumentar devoluciones.

En su investigación el fiscal Carlos Gajardo determinó, hace un año, presentar cargos por delito informático, soborno, cohecho, lavado de activos y fraude tributario por mal uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), lo que significó perdidas fiscales por 2.706 millones de pesos.

Junto al fiscal Pablo Norambuena, el persecutor formalizó por delitos tributarios a 122 contribuyentes que se beneficiaron de estas acciones ilícitas, entre ellos al entonces gerente general de Penta, Hugo Bravo López.

Este último fue quien vinculó al caso a sus ex empleadores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, abriendo además una arista por el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.

Gajardo confirmó que en la audiencia respaldará el cierre del caso.

Además de Álvarez, está formalizada en el caso otra funcionaria de Impuestos Internos, Mitzi Cabrera, pareja de Sergio Díaz, y los contadores, Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel, quienes eran los encargados de reclutar clientes entre el 2007 y 2010.

El abogado de Díaz, el ex fiscal Vinko Fodic, quien pidió el cierre de la investigación, pronosticó que su cliente podría cumplir una eventual pena en libertad.

Gajardo mantendrá abierta la arista por la denuncia presentada en agosto por Impuestos Internos contra Délano y Lavín, la que se mantiene bajo reserva.

Ambos empresarios, el miércoles pasado, anunciaron que dejarán sus cargos en los directorios de cuatro empresas del grupo Penta para concentrarse en sus defensas ante una eventual formalización.

La fiscalía los investiga por “uso indebido de boletas de honorarios ideológicamente falsas” donde aparecen vinculas las cónyuges de los empresarios.

El Servicio de Impuestos Internos además los denunció por 258 facturas y boletas por servicios presuntamente no prestados por montos que superan los 2 mil millones de pesos entre el 2009 y 2010, sin embargo ambos depositaron el miércoles 1.191 millones de pesos en la Tesorería General.