Este lunes se conmemora el cuarto año desde que ocurrió el incendio en la cárcel de San Miguel, el cual dejó 81 muertos y hasta el momento sin responsables. Desde la asociación “81 razones” indicaron que actualmente hay 20 demandas civiles al Estado de Chile, a modo de obtener indemnizaciones por concepto de daño moral.
El 29 de marzo de 2011, se imputó por cargos de homicidio por omisión reiterado de los 81 reos, a 8 de los centinelas presentes esa noche. Posteriormente el 30 de abril, los 8 funcionarios penales fueron absueltos por los cargos de cuasidelito de homicidio reiterado y de lesiones.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió no anular el juicio y el fallo que había absuelto de toda responsabilidad a los gendarmes, sino que concluyó que el hecho ocurrió por una falla estructural del sistema penitenciario chileno.
Frente al tema, José Quezada, vocero de la agrupación “81 razones”, indicó que hubo presiones que influyeron para no tener a ningún condenado por el hecho.
Agregó que hay familias que presentarán demandas al fisco, las que bordearían los 44 mil millones de pesos, a modo de obtener indemnizaciones por daño moral.
El recinto estaba preparado para albergar una población de 1.100 reos, pero al momento del siniestro era habitado por 1.961, lo que según muchas autoridades reflejaba la precariedad del sistema carcelario chileno, además del escaso personal de Gendarmería que resguardaba el lugar, frente a la gran cantidad de reos.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernandez, indicó que los protocolos contra incendios han avanzado, pero no los funcionarios frente a la gran cantidad de población penal.
Finalmente desde la agrupación “81 razones”, indicaron la necesidad esclarecer los roles para que esta situación nunca más se vuelva a repetir, ya que los tribunales de justicia son los que castigan y no los funcionarios de Gendarmería.
