El ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, se refirió este domingo a los resultados del estudio de reincidencia de quienes recibieron el indulto general aplicado por la administración de Sebastián Piñera.
El vocero del Ejecutivo señaló que “uno de cada cuatro de los beneficiados por el indulto de 2012 ha vuelto a delinquir. Estamos hablando de casi un 25%, lo que sin duda ha afectado los estándares de seguridad actuales”.
“Se trata de más de 1.200 delitos que han sido cometidos por quienes se beneficiaron por este indulto”, dijo el secretario de Estado recogiendo los datos del estudio emanado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En ese sentido afirmó que “el Gobierno está llevando adelante una agenda ambiciosa de seguridad pública con iniciativas tales como la reforma que eleva las penas de la ley de control de armas, y la implementación de lo que hemos denominado ‘agenda corta de seguridad’ con medidas de impacto inmediato, tanto de carácter administrativo como legal”.
“De esta forma aquellos que fueron beneficiados por este indulto y que han cometido nuevamente delitos, afectando a la gran mayoría de los chilenos, deberán efectivamente responder ante la justicia”, explicó.
“El Gobierno tiene un claro compromiso para elevar las condiciones de seguridad pública en nuestro país, situación que se ha visto agravada por el impacto de este indulto general”, afirmó Elizalde.
Reacciones
El senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, cree que el problema de la seguridad en Chile no pasa por lo indultos y menos echarle la culpa al gobierno anterior.
Espina asegura que el Ejecutivo tiene un proyecto de ley desde hace más de ocho meses estancado en el Congreso, sin entregar aún los ejes fundamentales para la discusión.
El senador del PPD, Felipe Harboe, endosó la responsabilidad de esta situación a el ex presidente Sebastian Piñera, calificando lo hecho en ese entonces como una “medida populista”.
De los más de 4 mil beneficiados, las cifras de la Subsecretaría indican que 767 corresponden a condenados por narcotráfico; 444 por hurto; 263 por robo y 134 por infracción a la ley de armas, entre otros ilícitos.
