El contralor general, de visita en Concepción, advirtió que el alcalde Álvaro Ortiz podría enfrentar un sumario administrativo y sanciones por el incumplimiento de la orden de desalojar a los comerciantes ilegales instalados alrededor del Mercado Central.

Ramiro Mendoza participó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción en el cierre de un post título en derecho administrativo.

Antes de su charla sobre transparencia y probidad, el contralor general de la República se refirió a la situación de la Municipalidad de Concepción y su alcalde Álvaro Ortiz, que no han cumplido la orden de la Contraloría de desalojar a los comerciantes que instalaron locales en la calle, alrededor del Mercado Central.

Consultado sobre ese incumplimiento, que data de mayo de este año, cuando se emitió el pronunciamiento, Mendoza indicó que seguramente hay en desarrollo una fiscalización del tema, del cual se puede desprender otra investigación, esta vez dirigida contra el jefe comunal.

Sobre el tiempo que una autoridad puede desoír un mandato de la Contraloría, Ramiro Mendoza explicó que los dictámenes o pronunciamientos sólo dan instrucciones, pero que el no cumplimiento de ellos obligan a que se instruya un nuevo sumario, lo que podría ocurrir en el caso del municipio penquista.

En Concepción el contralor general se refirió también a la denuncia contra La Moneda por el gasto en la publicidad a favor de la reforma educacional, señalando que ya se pidieron los informes a los ministerios respectivos. Igualmente destacó la promulgación de la Ley del Lobby, lo que debería mejorar -dijo- la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.