En el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago se realizó la preparación del juicio por la demanda laboral presentada el pasado 3 de octubre por el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo López, en contra de los controladores del grupo financiero, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
El ex ejecutivo reclama una indemnización de 2.300 millones de pesos, más reajustes, por daño moral, despido injustificado, amenazas y hostigamientos, monto calculado respecto a los 35 millones de pesos que ganaba mensualmente.
La jueza Andrea Soler desalojó la sala para escuchar el audio de la grabación que hizo Bravo de una discusión con sus ex empleadores, Lavín y Délano, prueba que la magistrada aceptó incluir en el juicio.
La magistrada apuntó que una eventual conciliación tendría que partir con un piso mínimo de 100 millones de pesos por el despido registrado en abril de este año.
Sin embargo, el abogado Anderson Wendt, defensor de Bravo destacó que lo más importante para evaluar un acuerdo sería las disculpas públicas que exige su cliente.
Acusó a su contraparte de doble estandar a la hora de hablar de la investigación por fraude tributario que lleva el fiscal Carlos Gajardo.
La defensa de Penta en este juicio justificó el despido del ejecutivo por su relación “espuria” con el fallecido martillero Jorge Valdivia, quien reclutaba clientes para los responsables del denominado caso Fraude al FUT que significó pérdidas para el fisco por 2.700 millones de pesos.
Alvaro Pizarro Maas, uno de los abogados de la compañía en este juicio laboral afirmó que no le deben indemnización a Bravo e insistió que sus clientes desconocían las irregularidades con Impuestos Internos.
El ex gerente de Penta reveló ante la Fiscalía el fraude tributario que habrían cometido sus ex empleadores y el supuesto nexo de este grupo económico con las campañas de la UDI y de la candidatura presidencial del independiente Andrés Velasco y eventuales donaciones irregulares.
El miércoles Délano y Lavín anunciaron que dejarán sus cargos en los directorios de cuatro empresas del grupo Penta para concentrarse en sus defensas por la investigación que instruye el fiscal Carlos Gajardo.
Desde agosto el persecutor los investiga por “uso indebido de boletas de honorarios ideológicamente falsas” donde aparecen vinculas las cónyuges de los empresarios.
El Servicio de Impuestos Internos además los denunció por 258 facturas y boletas por servicios presuntamente no prestados por montos que superan los 2 mil millones de pesos entre el 2009 y 2010, sin embargo ambos depositaron el miércoles 1.191 millones de pesos en la Tesorería General.
