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Fiscalía española se querella contra el presidente catalán por consulta independentista

Quique García | AFP
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La fiscalía española inició este viernes las acciones legales contra el presidente catalán Artur Mas a quien acusa de desobediencia por haber organizado el 9 de noviembre la simbólica consulta sobre la independencia que había sido prohibida por la justicia.

El ministerio público presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la región una querella criminal contra Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la responsable regional de Educación Irene Rigau por delitos de “desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones”.

La fiscalía general del Estado anunció el miércoles este procedimiento a raíz de la simbólica votación en la que participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80% se posicionaron a favor de la independencia de Cataluña.

La consulta, anunciada por Artur Mas y organizada por el departamento de su vicepresidenta, fue gestionada por voluntarios en escuelas públicas de la región, motivo por el cual está también imputada la responsable de Enseñanza, de quien dependen los centros.

Una condena por desobediencia puede conllevar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la malversación de fondos públicos puede comportar penas de tres a seis años de prisión.

Artur Mas, que se amparó en la libertad de expresión y participación para saltarse la suspensión de la votación decretada por el Tribunal Constitucional, afirmó el jueves que la decisión de querellarse de la fiscalía era “altamente decepcionante” y, según él, “da pena”.

La consulta fue calificada como un “éxito total” por parte del presidente nacionalista, que asumió abiertamente cualquier consecuencia judicial a sus actos.

Pero para el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, que recurrió a la justicia para bloquear la votación, supuso el “fracaso” del independentismo ya que solo un tercio del electorado potencial acudió a las urnas.

La celebración de la consulta y la reacción de la fiscalía parecen complicar el ya difícil diálogo entre el gobierno central y las autoridades de esta región que experimenta un auge del independentismo en los últimos años, atizado por la crisis económica y la negativa de Madrid a concederle mayor autonomía.

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