Si bien lo más importante para la ministra Carola Rivas es aclarar la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns hace 15 años, también ha asumido la responsabilidad de levantar el manto de dudas que en este tiempo se tendió sobre el Poder Judicial.
Y es que hasta ahora ninguno de los tres jueces que antecedieron a Rivas frente al sumario fueron capaces de esclarecer lo ocurrido en la discoteca La Cucaracha, lugar donde fue visto por última vez el estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción.
“La jueza de hierro”
A Flora Sepúlveda, titular del Tercer Juzgado del Crimen penquista, le correspondió iniciar la investigación. Era conocida como una jueza acuciosa y muy trabajadora, e hizo honor al calificativo al dedicarse prácticamente en forma exclusiva al sumario desde su inicio.
Flora Sepúlveda | Agencia UNO
A poco más de un mes de diligencias -y cuando ya el caso tenía conmocionado a todo el país- la magistrada dicta la que podría calificarse como una de las más importantes resoluciones en estos 15 años: el cambio de carátula, de presunta desgracia a secuestro con obstrucción a la justicia.
El 5 de enero del año 2000, la jueza Sepúlveda estableció que Matute Johns había sido secuestrado y que detrás de ese delito había “gente con preparación” que estaba dedicada a obstruir la acción de la justicia.
A pesar de su incansable labor, el sinnúmero de diligencias -muchas de ellas supervisadas personalmente- y lo que para la familia ha sido el avance más importante en el proceso, con el procesamiento de siete jóvenes sindicados por la PDI como responsables de la desaparición de Coke, desde un principio Flora Sepúlveda fue blanco de críticas.
Entre los cuestionamientos vertidos -algunos desde la misma familia Matute Johns- hablaban de que la jueza se apropió del caso sin tener jurisdicción, pues los hechos ocurrieron en Talcahuano, que era donde en realidad se localizaba la discoteca La Cucaracha.
Se le vinculó a través de su hijo, el abogado Mario Rojas, con la familia de Bruno Betanzo, uno de los principales sospechosos como dueño del local nocturno, e incluso de no atreverse a cambiar el encausamiento de los siete jóvenes al delito de secuestro y no sólo obstrucción a la justicia.
Fueron gestiones de los padres y hermano de Coke las que llevaron a la Corte de Apelaciones de Concepción a sacar de la investigación a la jueza Sepúlveda y entregar el sumario -en diciembre del año 2002- a un ministro en visita, designación que recayó en el entonces recién asumido Juan Rubilar.
El más cuestionado
La familia Matute Johns nunca tuvo una buena opinión del magistrado Rubilar. Desde su nombramiento surgieron las críticas y la primera fue por su casi nula experiencia en justicia penal. Y el cuestionamiento tenía fundamento: Había desarrollado gran parte de su carrera en juzgados en lo Civil.
Pero las dudas sobre las competencias y el interés del ministro en visita para dilucidar la incógnita -al menos para la familia de la víctima y la opinión pública- parecieron confirmarse después de que a tres meses de que tomara la investigación -en marzo de 2003- Rubilar decidiera cerrarla sin resultados.
La indignación llevó a María Teresa Johns a comenzar una recolección de firmas para solicitar la remoción y cambio de juez. En el intertanto, el tribunal de alzada penquista intervino y ordenó al ministro en visita reabrir el sumario y practicar una serie de diligencias.
Juan Rubilar | Agencia UNO
La Corte Suprema rechazó el nombramiento de un nuevo magistrado en al menos dos oportunidades, aunque en una de ellas la negativa fue sólo por un voto en el Pleno del máximo tribunal.
Y es que había incomodidad con la labor del juez Rubilar, quien durante el año 2003, a pesar del nuevo informe de la PDI que aporta pruebas técnicas y científicas para respaldar la tesis contra el grupo de jóvenes, la rechaza.
Se mantienen y aumentan así las sospechas no sólo respecto del ministro Rubilar sino de todos los miembros del tribunal de alzada que optan -se señaló entonces- por mantener un juez que poco o nada había avanzado en la investigación.
De la gloria al infierno
Cuando Juan Rubilar salió de vacaciones mientras instruía el caso Matute, lo reemplazó su colega, el ministro Jaime Solís Pino.
En febrero de 2004, por ejemplo, a él le corresponde dirigir las diligencias cuando son encontrados los restos del joven en el kilómetro 22 del camino a Santa Juana.
Luego, menos de un año después, surge otra pista que nuevamente apuntaba al grupo de jóvenes sospechosos. Subrogando al ministro en visita titular estaba otra vez el ministro Solís.
Jaime Solís | Agencia UNO
Realizó una serie de diligencias para establecer si era verdad o no lo que señalaban dos jóvenes, quienes aseguraban haber oído a algunos de los procesados inculparse mutuamente durante una fiesta. Finalmente la pista es desechada, pero la familia apoya el trabajo de Solís e incluso pide sin éxito que sea mantenido en reemplazo del ministro Rubilar.
Y Jaime Solís recobra protagonismo otra vez cuando reabre a fines del año pasado la causa, no obstante saber a esa altura que su hija estaba casada con Farid Harum, quien había sido involucrado al principio de la investigación debido a que estaba en la discoteca La Cucaracha la madrugada de la desaparición de Coke.
Finalmente debió inhabilitarse, y aunque la familia Matute Johns no lo señaló públicamente, la situación causó malestar e hizo surgir nuevamente las dudas sobre el verdadero interés del Poder Judicial en aclarar el caso del joven.
Fue así como el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción nombró a Carola Rivas para investigar la causa, asumiendo la joven jueza no sólo la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido a Jorge Matute Johns sino también limpiar la imagen de los tribunales y también -según lo ha expresado- la de las policías.
