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Grave denuncia de presiones para evitar traslado de narcotraficante en Ovalle salpica al Senado

ARCHIVO | Pablo Vera | Agencia UNO
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Una seria denuncia pesa sobre un parlamentario de la región de Coquimbo, luego que personal de Gendarmería acusara presiones políticas para evitar el traslado de un reo condenado por tráfico de drogas. Según aseguran desde la entidad penitenciaria, el número telefónico utilizado para realizar las presiones corresponde a un senador de la zona.

El caso quedó al descubierto el 7 de octubre pasado, luego que funcionarios de Gendarmería de Ovalle revelaran irregularidades en el traslado de Luciano Contreras, condenado a 10 años por tráfico de drogas, hasta la cárcel de Huachalalume en La Serena.

El interno es hijo del actual presidente comunal del Partido Socialista (PS) y además funcionario de la Gobernación de Limarí, Rodrigo Contreras.

De acuerdo a la versión de los gendarmes, el día del traslado recibieron un llamado telefónico de un sujeto que se hizo pasar por el gobernador Cristian Herrera, ordenando a los funcionarios que mantuvieran al condenado en Ovalle, lo que fue desestimado. No obstante, cuando la comitiva ya estaba en La Serena, esta vez fue el sub director nacional de Operaciones de la institución, Juan Manríquez, quien les contactó vía telefónica para ordenar el retorno del reo a Ovalle.

Al respecto, el director regional de Gendarmería coronel Maurice Grimalt, admitió al diario El Día que “por disposición superior, por razones institucionales y de seguridad, fue dispuesto por Santiago su devolución al penal de Ovalle (…) Nosotros cumplimos la orden”.

El gobernador Herrera, por su parte, anunció en una entrevista con diario El Ovallino la presentación de una denuncia por usurpación de identidad y cargo público en la Fiscalía local. Además, señaló que se debe investigar la situación, sobre todo tomando en cuenta que el padre del condenado es un funcionario a su cargo.

En ese sentido, las sospechas de Gendarmería apuntan directamente a Rodrigo Contreras, tal como lo señaló el gendarme Orlando Garrido, dirigente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). “Acá hay una influencia por parte del padre de un interno que es presidente del Partido Socialista”, señaló Garrido.

CELULAR VINCULADO AL SENADO

En medio de la indagatoria periodística, se descubrió que uno de los números que quedó registrado por la llamada del supuesto gobernador de Limarí, está contratado por el Senado de la República de Chile. Mientras que el segundo número que el supuesto usurpador habría dejado para que un funcionario confirmara la permanencia del reo en Ovalle, está asociado a un funcionario de un parlamentario de la zona.

Con este antecedente, la prensa local tomó contacto con los dos únicos senadores de la zona, el DC Jorge Pizarro y la PPD Adriana Muñoz. En primer término, el congresista de la falange aseveró que no podía dar una opinión acabada, pero estimó que “hay que determinar quién llamó, de qué número y quién se hizo pasar, tiene que haber una investigación sobre eso que es muy grave”.

Mientras que Muñoz, en un tono molesto, replicó que “en realidad se está haciendo una alharaca, porque lo que de verdad los gendarmes deben resguardar son las situaciones familiares de los reos, qué pasa con ellos, y no que haya una situación de encubrimiento o de tráfico de influencias con narcotraficantes”.

En ese sentido, apuntó sus dardos a la institución carcelaria asegurando que “aquí hay una cosa oscura en Gendarmería que yo voy a fiscalizar y ver de qué se trata, por qué un gendarme realiza una investigación, creo que en eso hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Gendarmería”.

Incluso, la parlamentaria oficialista criticó a la prensa por hacer pública la denuncia, afirmando que a su juicio “es malo que un medio se preste para estas cosas, es muy delicado en lo que estás avanzando, muy delicado. Si usted quiere involucrar diputados o senadores en narcotráfico es bien complicado. ¿Qué acusaciones están haciendo ustedes a mí? ¿me están acusando de algo?”, sentenció.

Destacar que los números telefónicos en cuestión, están en poder de Gendarmería y de la Fiscalía, quien inició la semana recién pasada una investigación formal por tráfico de influencia a la luz de los datos que publicó El Ovallino.

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